4 DE CADA 10 ADULTOS MAYORES EN LÁTINOAMÉRICA CARECEN DE SEGURIDAD SOCIAL
CIUDAD DE MÉXICO.- La experta de la CEPAL, Sandra Huenchuan, señaló que en Latinoamérica casi cuatro de cada 10 personas de 65 años y más no tienen seguridad social, situación que se agrava porque es la región en la que la población envejece de forma acelerada.
Al participar en el seminario “Los derechos humanos de las personas adultas mayores en México”, en la Universidad Nacional Autónoma de México, indicó que esos fenómenos ocurren en un escenario en el que todavía existe desprotección.
“La seguridad social no está garantizada para todos y hay heterogeneidad; por ejemplo, hay países con muy baja cobertura, como Colombia, con 26 por ciento en 2015; Guatemala, con 19 por ciento, y Honduras, con 10 por ciento”, expuso en en un comunicado.
La funcionaria de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas agregó que las necesidades de las personas mayores van en aumento, pues la prevalencia de discapacidad severa aumenta en esa población. “También hay que atender su salud mental, y un tema emergente es el cuidado de largo plazo”.
Resaltó que es un reto central llevar a la práctica la protección de los derechos de esa población en un contexto de elevada desigualdad, donde también hay otros grupos sociales muy desprotegidos, como los jóvenes.
Añadió que la Convención Interamericana de Derechos de las Personas Mayores es un nuevo instrumento que cumplirá cuatro años de su aprobación y contiene derechos emergentes, vigentes y extendidos como el derecho a la vida y la dignidad en la vejez, a la independencia y la autonomía, y a los cuidados de largo plazo.
Huenchuan Navarro destacó que dicha convención establece cuáles son las obligaciones del Estado con respecto al tema, e incluye los cuidados paliativos, además de que se utiliza por primera vez el concepto de género.
Desde 2015, siete países han ratificado la convención: Uruguay, Costa Rica, Chile, Bolivia, Argentina, El Salvador y Ecuador, pero faltan tres para que se instale el mecanismo de seguimiento, “y eso es un desafío”.
Se trata del primer instrumento referente al tema jurídicamente vinculante, ofrece definiciones, establece obligaciones para los Estados y específica los derechos humanos, puntualizó.
