ACUMULA PEMEX 56 SANCIONADOS
CIUDAD DE MEXICO .- La Secretaría de la Función Pública (SPF) sumó 56 funcionarios de Pemex sancionados en 2018 por diversas irregularidades en sus cargos.
Entre los motivos de las inhabilitaciones se encuentran el robo de hidrocarburos y el caso Odebrecht.
Del total de sancionados,15 pertenecían a Pemex Logística, que es el área encargada, entre otras cosas, de la distribución de combustibles y de la seguridad física de las instalaciones de la empresa.
Precisamente de esa misma área son otros tres servidores públicos que están detenidos por sus nexos con el robo de combustible, según informó la semana pasada el Gobierno federal.
En una conferencia de prensa dirigida por el Presidente, se indicó que los directivos operaban el robo desde las redes de distribución, a las que tenían acceso por la naturaleza de sus funciones dentro de la paraestatal.
Asimismo, de acuerdo con los últimos registros de servidores sancionados, dos empleados de Logística fueron inhabilitados por abuso de autoridad.
Ellos son Adolfo Ramos Blanquero y Omar Blanco Molina, registrados en la plantilla de distribución de gasolinas.
Por si fuera poco, dentro de esta misma área, en septiembre fue inhabilitada otra funcionaria, identificada como María del Carmen Servín Vargas.
Dicha sanción, una inhabilitación por 10 años y una multa de más de ocho millones de pesos, se dio a conocer hasta un mes después de haberse ejecutado.
A Servín Vargas se le fincó la responsabilidad de omitir la aplicación de penas convencionales a una filial de Odebrecht, la cual incumplió la ejecución de un contrato para llevar a cabo obras en la refinería de Tula, Hidalgo.
En ese mismo sentido figuran los procesos de otros nueve servidores de Pemex que intervinieron en la adjudicación de tres contratos de obra pública asignados a la naviera.
Fuentes del corporativo de Pemex indicaron que dichos funcionarios inhabilitados pertenecen a Pemex Transformación Industrial e incurrieron en anomalías en contratos o adjudicaciones, entre otros rubros.
También están trabajadores de Pemex Refinación y del corporativo de la empresa.
De acuerdo con registros oficiales, y sin tomar en cuenta si alguno de los casos enfrenta una revisión a su sentencia, la SFP impuso en 2018 más de 3 mil 800 sanciones a unos 3 mil servidores públicos mientras se desempeñaban en sus cargos.
Aunque había propuesto archivar el caso por falta de evidencias, antes de concluir la administración pasada la PGR determinó continuar con una investigación por lavado de dinero contra José Néstor García Reza, ex abogado general de Pemex.
Al arrancar el sexenio pasado, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) inició la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/051/2013 por lavado contra García Reza y su esposa María del Carmen Lozano Véliz.
Para entonces, la Secretaría de la Función Pública y la Unidad de Inteligencia Financiera ya habían investigado los ingresos ajenos al servicio público y el patrimonio inmobiliario del ex colaborador del panista César Nava.
De acuerdo con constancias judiciales, la Unidad de Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda de la SEIDO propuso la consulta de no ejercicio de la acción penal, es decir, cerrar la indagatoria por carecer de elementos.
Sin embargo, el pasado 9 de octubre una fiscal auxiliar del entonces encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, adscrita a la Dirección General de Apoyo Jurídico y Control Ministerial en Delincuencia Organizada de la SEIDO, decidió no autorizar el cierre de la averiguación.
Y, por el contrario, argumentó que aún “debían realizarse diversos actos de investigación a efecto de integrar debidamente la indagatoria de mérito y con ello esclarecer los hechos investigados”.
García Reza y su esposa presentaron un amparo ante la juez federal Yazmín Eréndira Ruiz Ruiz, quejándose de que esta determinación desconoce la indagatoria e ignora las pruebas que, en su opinión, acreditan la inocencia de los indiciados.
Según los quejosos, el propósito de mantener abierta la pesquisa es “continuar hostigando e investigando a los suscritos, por medio de la realización de (…) diligencias totalmente innecesarias e inconducentes, con la dolosa intención de querer imputar la comisión de hechos delictivos”.
Ruiz Ruiz, Juez Décimo Sexto de Distrito en Amparo Penal, desechó la demanda porque consideró que las facultades de investigación del Ministerio Público no violan ninguna garantía constitucional.
