AGUDIZAN ENFOQUE DE SEGURIDAD MILITARIZADA EN FRONTERA SUR PARA DISUADIR MIGRACIÓN: ASEGURAN ORGANIZACIONES CIVILES
CIUDAD DE MÉXICO.- Organizaciones civiles aseguraron que en la frontera sur de México “continúa y se agudiza el enfoque de seguridad militarizada”, como estrategia de desgaste y contención para disuadir a los migrantes de solicitar refugio en México.
Así lo revelaron en el reporte “Misión de observación de la crisis humanitaria de personas migrantes y refugiados en el sureste mexicano”, difundido por la Coordinación de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ante dicha situación, estas agrupaciones exigen al gobierno federal que cumpla y sea congruente con su compromiso de implementar una política migratoria de respeto a los derechos humanos y no represión.
A su vez, demandaron a todos los niveles de gobierno transitar de una política de Estado en materia de movilidad humana con base en la seguridad nacional, a una centrada en la seguridad humana. También pidieron eliminar la detención migratoria, asignar un presupuesto económico desde el poder Legislativo que garantice recursos suficientes para la operatividad efectiva de atención y protección de las personas migrantes y refugiadas.
El documento señala que integrantes de la misión llevaron a cabo un recorrido por diversos puntos de la costa y frontera sur del estado de Chiapas, donde se encontraron con autoridades de los tres niveles de gobierno, principalmente policía federal y militar.
Asimismo, apunta que fue monitoreada la Estación Migratoria Siglo XXI, cinco estancias provisionales y extensiones de los centros de detención como la Feria Mesoamericana, entre otros.
“Confirmamos que continúa y se agudiza un enfoque de seguridad militarizada por encima del respeto y protección de los derechos humanos de las personas en movilidad”, refirieron las organizaciones civiles.
Además, aseguraron que se documentaron múltiples puntos de control migratorio “con fuerte presencia de fuerzas de seguridad del Estado, particularmente policía federal y policía militar, sin que haya claridad sobre sus funciones y facultades en el contexto migratorio”.
Destacaron que lo anterior, es una práctica de Estado sistemática e intencional, que es incongruente con el discurso oficial de una política migratoria respetuosa de los derechos humanos.
“Evidenciamos la falta de coordinación institucional y corresponsabilidad entre los distintos niveles de gobierno, así como una carencia de protocolos de atención integral en materia migratoria y humanitaria con enfoque de derechos humanos, prevaleciendo reacciones improvisadas, asistencialistas y con un énfasis en la seguridad”, indicaron los integrantes de la misión.
También informaron “con especial alarma”, que aumenta la estigmatización y criminalización de la migración, lo que deriva en la negación del derecho al debido proceso y a contar con una defensa en los procedimientos migratorios.
En consecuencia, puntualizaron, se obstaculiza y se criminaliza la solidaridad y la labor de defensa de derechos humanos.
