ANALIZAN DIPUTADOS LA INICIATIVA PARA RETIRAR LAS CONCESIONES A LOS EMPRESARIOS GASOLINERAS QUE VENDAN COMBUSTIBLE ROBADO
CIUDAD DE MEXICO .- En el 2018, Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó 10 mil 101 tomas clandestinas en todo el país, encabezan la lista Hidalgo, Guanajuato, Puebla, Jalisco y Veracruz. En 2017, las pérdidas de Pemex por robo de combustible ascendieron a los 30 mil millones de pesos.
Los daños económicos por estas prácticas son acumulativos, ya que no sólo implican el robo de hidrocarburos, sino que causan problemas al ambiente y la muerte de personas por accidentes provocados en las tomas clandestinas; adicionalmente, el blanqueo o lavado del combustible, provoca pérdidas millonarias al Sistema de Administración Tributaria (SAT).
Por estos hechos, la Cámara de Diputados analiza reformas a las leyes de Hidrocarburos, y Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en materia de Hidrocarburos, con el fin de crear un sistema integral de información de permisionarios del sector y llevar un registro de compra y venta, para detectar adquisiciones ilícitas.
La Comisión de Energía plantea incrementar medidas correctivas para aquellos que hayan actuado ilícitamente por la venta, almacenamiento, transporte o distribución de hidrocarburos de procedencia ilegal, por medio de la revocación inmediata de los permisos y la penalización de su conducta.
La diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz de Morena, promotora de la iniciativa de reforma, destacó que las organizaciones criminales han visto en el robo de combustible, una importante fuente de ingresos para sus actividades delictivas, lo que provoca pérdidas millonarias a empresas petroleras que operan en el país y riesgos a la población, contaminación del ambiente y mermas al mercado formal de gasolinas.
La llamada “ordeña”, se realiza mediante perforaciones a los ductos que transportan hidrocarburos, para luego depositar el combustible robado en contenedores que van desde garrafones de plástico hasta pipas, trasladarlo a zonas de resguardo, y distribuirlo como insumo para actividades productivas e, incluso, para su venta a estaciones de expendio al público.
El combustible robado puede ser vendido directamente a la gente de manera informal o “lavado” al amparo de permisos de “comercialización”, moviéndose para su expedición formal en estaciones de servicio o exportado vía marítima y comercializado en Latinoamérica o Estados Unidos.
