ARMANDO RÍOS PITER / GARANTIZAR LA AUTONOMÍA DEL PODER JUDICIAL #MartesDeColumnas @RiosPiterJaguar
La Suprema Corte de Justicia de la Nación se mantendrá en la vitrina durante las próximas semanas. El Tribunal Supremo estará sujeto a temas de enorme relevancia que van desde asuntos polémicos como el propio aeropuerto de Santa Lucía hasta la Ley Bonilla.
La semana pasada estuvo llena de noticias alrededor del Poder Judicial. Los medios y las redes sociales se caracterizaron por presentar posiciones polarizadas, como las que caracterizan esta época.
Por un lado, estuvieron las que celebraron el señalamiento hecho por parte del ministro Arturo Zaldívar sobre hechos de corrupción relacionados con un magistrado de Circuito, cuyos gastos no corresponden a sus ingresos. Se supo que el magistrado Jorge Arturo Camero Ocampo presentaba importantes “inconsistencias financieras”, tales como haber comprado de contado una casa por un monto de 17.8 millones de pesos.
Por el otro, estuvieron las críticas sobre la intención de cooptar y presionar al Poder Judicial por parte del presidente López Obrador, denotando que las sanciones al magistrado Camero Ocampo, más que deberse a un genuino combate a actos de corrupción, sería el resultado de la posición que habría asumido respecto al aeropuerto de Santa Lucía. El magistrado se pronunció por mantener suspensiones contra el proyecto del gobierno federal, argumentando posibles afectaciones ambientales, así como la falta de consulta con las comunidades afectadas.
Más allá de dichas posiciones, lo cierto es que esta polarización demuestra que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se mantendrá en la vitrina durante las próximas semanas. El Tribunal Supremo estará sujeto a temas de enorme relevancia que van desde asuntos polémicos como el propio aeropuerto de Santa Lucía hasta la llamada Ley Bonilla, sobre la que ayer se realizó una poco confiable “consulta ciudadana”.
En este espacio celebramos la posición del ministro presidente sobre su rechazo a presiones por parte del Poder Ejecutivo y la intención de garantizar en todo momento la autonomía de la Corte. De igual manera, pensamos que su declaración sobre que en el Poder Judicial se debe “escuchar el llamado de las urnas” es inadecuada, pues lo aleja de la autonomía que propone defender.
Espero que el debate que Arturo Zaldívar mantuvo con Felipe Calderón a lo largo de la semana pasada, al denunciar que fue presionado en su sexenio en temas como la guardería ABC, sirva como base para la posición que debemos exigirle a él y al resto de los jueces frente al Poder Ejecutivo.
Garantizar que el Poder Judicial mantenga su autonomía frente a los otros poderes es fundamental para el sano desarrollo democrático. Es fundamental para la sana convivencia cotidiana y especialmente importante para que los actores económicos confíen en el país.
Otro ejemplo importante frente al que se requeriría un Poder Judicial firme y autónomo es la Ley de Ingresos para 2020, que podría votarse el próximo jueves 17 de octubre. De ser aprobada como actualmente está, será un asunto más que llegaría a la SCJN.
Los empresarios mantienen fuertes cuestionamientos sobre la propuesta, pues consideran que elimina el derecho de audiencia y la presunción de inocencia. Los cambios al Código Fiscal aunados a la nueva legislación en materia de extinción de dominio podrían conducir a incautaciones arbitrarias de activos, basadas en suposiciones en lugar de hechos.
Líderes empresariales como Gustavo de Hoyos, de la Coparmex, han declarado que sería “muy fácil criminalizar a una empresa que cometió un error”. El propio Consejo Coordinador Empresarial ha planteado la necesidad de quitar las sanciones con prisión preventiva oficiosa contra contribuyentes, así como la aplicación del régimen de delincuencia organizada a la defraudación fiscal.
Aun cuando la intención de frenar y combatir a las empresas “factureras” es una acción plausible, los ajustes que plantean las organizaciones empresariales son indispensables. La posibilidad de que los propietarios de negocios pierdan el control de sus empresas antes de ser declarados formalmente culpables, paralizaría la actividad empresarial y desalentaría la inversión en los próximos años, pues generaría una enorme desconfianza en materia económica.
En estos tiempos de cambio, “más que escuchar el llamado de las urnas”, el Poder Judicial debe consolidarse como un verdadero garante del respeto a la Constitución. Ésa es la única certidumbre que hoy requerimos frente a cualquier tema polémico, sean los proyectos prioritarios del Ejecutivo, el intento de prolongar un mandato o la nueva Ley de Ingresos.
