“AUTONOMÍA ECONÓMICA DE LAS MUJERES” #MartesDeColumnas @JaArturovazquez EN mimorelia.com
La igualdad de género es uno de los temas que más llama a la reflexión en la agenda internacional y en las políticas de desarrollo de los gobiernos. En las últimas décadas, es común observar estrategias, objetivos, acciones y metas plasmados en los documentos de planeación gubernamental para fortalecer el papel de la mujer; sin embargo, el camino no ha sido fácil, la igualdad entre mujeres y hombres continúa siendo uno de los mayores retos del siglo XXI.
A la fecha, ningún país ha alcanzado la igualdad de género total, bajo las circunstancias actuales el mundo podría tardar más de 130 años en hacerlo, según el Foro Económico Mundial. El Banco Mundial también alerta que la brecha de género global es más amplia de lo esperado; en la última edición de su informe “La mujer, la empresa y el derecho 2023” que estudia 190 países, reveló que las mujeres cuentan con 77% de los derechos que tienen los hombres ante la ley; más aún, por cada dólar que ganan los hombres, las mujeres solo tienen un salario de 77 centavos de dólar y los espacios de dirección están muy limitados. 4 de cada 10 mujeres (41.9%) son parte de la fuerza laboral; sin embargo, únicamente 3 de cada 10 ocupan puestos directivos.
Hay legislaciones, pero no son explícitas o no se cumple a cabalidad su mandato. Por ejemplo, de acuerdo con el Banco Mundial, 98 economías han promulgado leyes que exigen que las mujeres reciban igual remuneración por trabajo de igual valor. No obstante, solo 35 han adoptado medidas de transparencia o mecanismos de cumplimiento para abordar la brecha salarial.
En México, las acciones para fomentar la igualdad de género son resultado de la lucha de miles de mujeres que han sentado las bases en la legislación, la política, la economía, su comunidad y su familia para las políticas de igualdad entre mujeres y hombres sea un eje transversal del desarrollo del país.
Hemos logrado avances en las últimas dos décadas, sobre todo, en participación política, pese a ello aún enfrentamos diversos desafíos. Si bien, en febrero pasado la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia cumplió 17 años de vigencia, lo cierto es que la violencia contra las mujeres no cede. De acuerdo con el INEGI, el 70 % ha experimentado por lo menos una situación de violencia psicológica, física, sexual, económica, patrimonial o discriminación en su vida.
La participación económica de la mujer es fundamental para impulsar el desarrollo económico del país y la erradicación de la pobreza, pero aún no superamos la brecha económica y laboral. Entre 2006 y 2023 la participación de la mujer solo creció tres puntos porcentuales, al pasar de 43% al 46%, muy por debajo del promedio de los países de la OCDE, que es de 56.4%.
Por otra parte, 17 millones de mujeres desempeñan labores del hogar y de cuidados, pero no reciben remuneración por esa actividad. Es un dato revelador porque, de acuerdo con el INEGI, el trabajo no remunerado está calculado en 7.2 billones de pesos, una cifra que tendría una equivalencia del 24% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, y las mujeres aportan el 73% del total de ese valor.
Si bien, después de Chile, México es el segundo país de América Latina donde las mujeres tienen mayores oportunidades para emprender, solo el 19% de las personas que abren un negocio son mujeres; en contraste, somos el tercer país de con menor presencia de mujeres en los puestos de mayor nivel jerárquico en el sector público en la región latinoamericana.
La autonomía económica es un factor imprescindible para garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres. Si tuvieran las mismas oportunidades que los hombres no solo mejorarían su calidad de vida, también el PIB de México podría aumentar 22%, de acuerdo con el Banco Mundial. Casi equivalente a la aportación prevista por la relocalización de empresas en los próximos años. Por ello, urge apoyar la formación de mujeres profesionistas y liderazgos políticos, impulsar reformas legislativas para su desarrollo económico y social, presupuestos suficientes, financiamiento para sus emprendimientos, coordinación interinstitucional y políticas públicas transversales que se basen en diagnósticos precisos y en experiencias exitosas, sobre todo, involucrar a todos los actores de la sociedad para hacer realidad la igualdad de género desde el hogar y nuestro entorno.
