CALIFORNIA DEFIENDE LEYES MIGRATORIAS
ESTADOS UNIDOS .- El gobernador de California, el demócrata Jerry Brown, y el fiscal general del estado, Xavier Becerra, prometieron ayer que se defenderán ante la justicia de la demanda que interpuso el Gobierno del presidente Donald Trump en contra de tres leyes migratorias de su estado.
La demanda, interpuesta la noche del martes en la Corte del distrito este de California, se dirige contra tres leyes “santuario” que el estado aprobó el año pasado para proteger a los inmigrantes y que, a juicio del Ejecutivo, violan la Constitución porque tratan de prevalecer sobre la legislación federal, por lo que pide se bloquee su implementación.
En una rueda de prensa en la ciudad californiana de Sacramento, Brown consideró que la demanda refleja el deseo de Trump de declarar la “guerra” a California para satisfacer a la parte más radical de su base electoral que quiere medidas más duras contra el estado, hogar de más de dos millones de inmigrantes indocumentados.
Brown fue especialmente duro con el fiscal general Jeff Sessions, que ayer acudió a California para dar un discurso y defender la demanda de su Gobierno.
“El Gobierno de Trump está lleno de mentirosos” y carece de credibilidad, dijo Brown.
En rueda de prensa, junto a Brown, el fiscal general de California, Xavier Becerra, prometió que defenderá las políticas migratorias de su estado en los tribunales y aseguró que California “respeta las leyes” y tiene capacidad para implementar cambios a nivel estatal.
Una de las leyes en cuestión permitió a California convertirse el 1 de enero en un “estado santuario” para los inmigrantes, lo que significa que la Policía local y estatal no puede proporcionar al Gobierno información sobre inmigrantes indocumentados o aquellos extranjeros que han cometido un crimen y que, de acuerdo con la ley federal, deberían ser deportados.
La segunda ley contra la que se dirige la demanda prohíbe a las empresas de California cooperar con el Gobierno para deportar a inmigrantes, mientras que la tercera permite a la Policía estatal inspeccionar los centros de detención, donde están encerrados los extranjeros a la espera de ser expulsados.
La demanda supone la mayor ofensiva hasta la fecha del Gobierno de Trump al estado de California, que por su tamaño y por su claro dominio demócrata se ha erigido en uno de los principales contrapesos a las políticas del presidente, especialmente en materia migratoria.
