CENSURA CON A DE AUTORITARISMO #MartesDeColumnas @caroviggiano EN @heraldodemexico
La historia de México está tejida por una larga lucha plural por construir una nación más democrática.
La propuesta de Ley de Telecomunicaciones enviada por la presidenta al Senado marca un punto de inflexión en el rumbo de México. Inicialmente imaginé que enfrentaba un dilema al cumplir compromisos con su antecesor, cuyas iniciativas del 5 de febrero de 2024 considero autoritarias y regresivas. Sin embargo, al revisar el contenido de esta ley, mi preocupación trascendió cualquier esperanza sorora: la iniciativa proviene de puño y letra de la Presidenta, revelando su talante autoritario. Esta ley representa un ataque frontal a los derechos ciudadanos y al equilibrio democrático.
La historia de México está tejida por una larga lucha plural por construir una nación más libre y democrática. Académicos, periodistas, políticos de todos los partidos y la sociedad civil han impulsado instituciones diseñadas para limitar el abuso del poder. Estas batallas deben juzgarse en su contexto, pero el oficialismo insiste en comparar el México actual con el de hace 50 años, ignorando los avances logrados y el impacto de la era digital.
En 2013, una reforma constitucional a los artículos 6 y 7 respaldada por PAN y PRI fortaleció los derechos a la información y dio origen al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), un órgano autónomo clave que la nueva ley propone desmantelar. También busca reintroducir el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, ahora llamado Registro de Usuarios del Servicio Móvil, que la Suprema Corte declaró inconstitucional en 2022 por vulnerar la privacidad. ¿Pretende el oficialismo que una Corte afín ignore este precedente?
La iniciativa otorga a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, encabezada por José Peña Merino, más de 60 atribuciones regulatorias. Lejos de ser un órgano técnico, esta agencia parece un instrumento de control ideológico, al centralizar funciones del INE, IFT, COFECE, RENAPO y SICT. Merino también busca gestionar la identidad ciudadana mediante una CURP digital, vía otra iniciativa: la Ley General de Población. A ello se suma la recién aprobada Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, que crea una nueva firma digital que reemplazará gradualmente a la emitida por el SAT. La SICT, irónicamente, sólo conservaría la “I” de infraestructura.
El oficialismo niega instaurar un régimen autoritario, pero los hechos confirman lo contrario. El 1 de junio se elegirán cuatro jueces y tres magistrados especializados en telecomunicaciones, pero sólo podrán votar habitantes de cuatro alcaldías de la CDMX: Tlalpan, Miguel Hidalgo, Gustavo A. Madero e Iztapalapa, esta última bastión del morenismo. El sector de telecomunicaciones mueve 600 mil millones de pesos anuales. Ese INE que “no se toca”, nomás se manosea. El Instituto debe aclarar por qué solo una fracción de la población decidirá, cuando la competencia de estos juzgadores es nacional. Entonces ¿el resto de la población no es pueblo?
POR CAROLINA VIGGIANO
SECRETARIA GENERAL DEL PRI Y SENADORA
@CAROVIGGIANO
