COLUMNA: ESCAÑO ABIERTO / ARTURO ZAMORA
CENTENARIO CONSTITUCIONAL Y PROYECTO NACIONAL.
La Constitución mexicana promulgada hace cien años está fuertemente sometida a una dinámica de adecuación constante, obligada por la intensidad de la dinámica social, la complejidad de la vida económica y la velocidad del cambio cultural.
Aspecto central de este fenómeno es el crecimiento de un sistema complejo de principios normativos que coexisten con los constitucionales, guardando relativa autonomía. Este cambio en el orden del derecho va aparejado a una transformación significativa del Estado nacional.
Ello obedece a múltiples causas, entre las que destacan la globalización de la economía y la internacionalización del sistema jurídico, con instancias de supervisión, regulación y control propias. Tal es el caso de los tratados de libre comercio y de numerosas convenciones internacionales adoptadas por México, igual en materia ambiental que de telecomunicaciones.
En la misma línea se ubican los fenómenos de la inseguridad y el riesgo, de la delincuencia y el terrorismo, que han difuminado los límites entre seguridad pública, interna y nacional. A ello se añade la revolución impulsada por el advenimiento de la llamada revolución de la sociedad de la información y el conocimiento y de las tecnologías de comunicación, que impactan por igual a las esferas del derecho y de la organización estatal.
En el ámbito del derecho positivo, la adopción del principio pro persona se está significando en la configuración de un sistema jurídico complejo, en el que conviven una gama de derechos humanos constitucionales con un paquete de disposiciones contenidas en convenciones internacionales.
Parte concomitante de esta dinámica es el acrecentamiento del papel del Poder Judicial en el ámbito estatal, igual que el fortalecimiento de la jurisprudencia como parte del orden constitucional. Y en consecuencia de ambos procesos vivimos ya procesos de control de constitucionalidad, pero también procedimientos de control de convencionalidad.
Los ejes del proyecto nacional contenidos en la Constitución mexicana de 1917 se mantienen inalterados y antes bien se han actualizado y enriquecido permanentemente.
Los casos más significativos son el del sistema de partidos, el régimen político-electoral y las formas de representación en los que ha sido evidente el enriquecimiento del contenido democrático de nuestra centenaria Constitución.
Las reformas centrales realizadas a los artículos tercero, 27 y 123, en materia de educación, régimen de propiedad social y del trabajo, han buscado garantizar la calidad de la enseñanza y el mejoramiento de los derechos de los maestros, la viabilidad de la economía rural y la certidumbre de la propiedad social y la capacitación, productividad y seguridad laborales.
Es igualmente incuestionable que las reformas Energética y de Telecomunicaciones han dado una perspectiva de desarrollo competitivo a estos dos sectores estratégicos.
Nuestra Constitución es plenamente vigente y sigue siendo el marco idóneo para impulsar el desarrollo nacional en todos los ámbitos. La formulación de la nueva Constitución Política de la Ciudad de México promulgada el mismo 5 de febrero es prueba fehaciente de la vitalidad de nuestra Carta Magna.
La Constitución es la norma fundamental que debe garantizar estabilidad social, por lo que coincido con Patrick Henry cuando dice: “La Constitución no es un instrumento para que el gobierno limite al pueblo; es un instrumento para que el pueblo limite al gobierno”.
*Senador de la República
