COLUMNA: ESCAÑO ABIERTO / ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ

Es difícil explicar cuestiones tan complejas como las decisiones adoptadas en materia de precios de los energéticos y sus consecuencias. Por un lado, es comprensible el enojo de la sociedad y su movilización para tratar de revertir dicha medida. Por otro lado, es inadmisible el oportunismo de los criminales que se emboscan en causas legítimas y es lamentable la incongruencia de algunas dirigencias partidistas que, anteriormente, aprobaron la liberación de precios de las gasolinas.

El aumento es consecuencia de los precios internacionales de la gasolina que subieron en un 60% y México importa más del 50% de su consumo; aunado al incremento del dólar frente al peso mexicano. Recordemos que la de México es una economía inscrita en el contexto global y no es ajena a sus vaivenes, se tenían dos caminos: mantener el precio artificial y recortar programas sociales o asumir responsablemente la realidad y el futuro de la estabilidad económica.

Más aún, cabe recordar que entre 2000 y 2010 se incrementó anualmente el gasto corriente en 100 mil millones de pesos y, por razones erráticas, se canceló la construcción de la refinería en los estados de Hidalgo y Guanajuato.

Asimismo, los incrementos recientes deben evaluarse a luz de otras alzas en la historia del país: en la administración de Lázaro Cárdenas la subida de la gasolina fue de 27%; con Ávila Camacho, 30%; Alemán, 33%; Ruiz Cortines, 37%; Echeverría, 445%; López Portillo, 900%; De la Madrid, 1,810%; Salinas, 135%; Zedillo, 290%; Fox, 27%; Calderón, 60%, y Peña Nieto, 47 por ciento.

Bajo esta óptica, destacan los acuerdos suscritos en la presente circunstancia. En un primer acuerdo político, la Comisión Permanente convocó, el jueves pasado, a que se informe sobre las razones de los incrementos y las metodologías para determinar los precios máximos.

Asimismo, se acordó exhortar al Ejecutivo federal a que, a través de la Secretaría de Energía, presente un informe de las condiciones en que se encuentra la instrumentación de la Reforma Energética en 2017 y difunda una campaña nacional de información.

A su vez, se exhortó al Ejecutivo federal a que, mediante Pemex, garantice el abasto de los combustibles y a que, a través de la Procuraduría Federal del Consumidor, fortalezca la vigilancia en las gasolinerías con la finalidad de evitar actos de especulación, además de agilizar las averiguaciones previas que la PGR haya iniciado por delitos relacionados con los saqueos.

Una segunda medida es el “Acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar”, signado ayer por organismos empresariales, sindicales y de productores del campo y el gobierno de la República para establecer un conjunto de compromisos que contribuyan a la estabilidad económica y social y a fortalecer la inversión, el empleo, el ingreso y el bienestar de las familias.

Contamos con el compromiso del sector empresarial “de no incurrir en un incremento indiscriminado de precios de bienes y servicios”, particularmente los de la canasta básica, así como la decisión del gobierno federal de impulsar los proyectos de inversión pública, garantizar “un creciente superávit primario” y reducir el endeudamiento público y, en especial, de adoptar medidas de austeridad en el ejercicio del presupuesto público, incluida la reducción de 10% de la partida de sueldos y salarios de los mandos superiores en las dependencias federales.

Tenemos una base de consenso para que se entienda la razón de los incrementos en los precios de los energéticos y hacer frente a sus posibles impactos negativos. Gobierno y sociedad han adoptado, así, compromisos concretos para superar unidos y con responsabilidad esta compleja circunstancia.

*Senador de la República / Columna publicada martes 10 de enero p.17, Primera Sección EXCELSIOR