COLUMNA INVITADA: “ESCAÑO ABIERTO”, DEL SENADOR ARTURO ZAMORA

El jueves pasado se llevaron a cabo los procesos de ratificación y toma de protesta, ante el Pleno de la Cámara de Senadores, de los juristas Arely Gómez González y Raúl Cervantes Andrade, propuestos por el Presidente de la República como titulares de la Secretaría de la Función Pública y de la Procuraduría General de la República, respectivamente.

El amplísimo consenso alcanzado por ambos exsenadores entre los integrantes de la Cámara alta obedece, sin duda, a su sólida formación académica, tanto como a su destacada trayectoria profesional.

La secretaria Arely Gómez es abogada y maestra en ciencias sociales, laboró casi 30 años en el Tribunal Fiscal de la Federación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral, fue fiscal especializada para Delitos Electorales y procuradora General de la República.

El nuevo procurador, Raúl Cervantes, por su parte, es también licenciado en derecho, doctor con los más altos honores, con numerosas especialidades en derecho, incluidas las materias penal y de amparo y cuenta con una amplia experiencia legislativa y profesional en el campo del derecho.

Corresponderá, en efecto, a la secretaria Gómez González conducir la transformación de la Secretaría de la Función Pública en una pieza central del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, integrándose al Comité Coordinador al lado del Comité de Participación Ciudadana y los representantes de la Auditoría Superior, el Consejo de la Judicatura, el Inai y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Formará parte del Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización, donde habrá de instrumentarse la plataforma digital del Sistema y tendrá a su cargo la ejecución de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que entrará en vigor en el primer semestre de 2017.

Al comparecer ante las comisiones senatoriales, la secretaria Arely Gómez afirmó “que se requiere una institución que, sin dejar de lado el trabajo en curso, se reforme desde sus cimientos, tenga la capacidad de prevenir e investigar las faltas administrativas y esté dispuesta a colaborar de manera contundente en la política de combate a la corrupción y rendición de cuentas”.

Igualmente, ardua luce la tarea que tiene por delante el procurador Cervantes Andrade para desarrollar el mejor modelo de Fiscalía General de la República, tutelando con eficacia los derechos de las víctimas y garantizando certeza jurídica para todos.

Y es que, de conformidad con la reforma al artículo 102 constitucional, una vez que el Congreso de la Unión expida la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, quien funja como procurador General de la República pasaría a ser precisamente fiscal general por nueve años, debiendo nombrar, él mismo, a los fiscales especializados en materia de delitos electorales y de combate a la corrupción, entre otros.

Ambos funcionarios coordinarán acciones para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas a través del combate a la corrupción y la impunidad que han lastimado a los mexicanos. Tienen, por tanto, un reto importante para transitar la visión y misión de la Secretaría de la Función Pública al espacio que le corresponde dentro del Sistema Nacional Anticorrupción y para migrar la Procuraduría General de la República a la Fiscalía General de la Nación, garantizando, en todo tiempo, la tutela efectiva de los derechos e interés de la sociedad mexicana.

(Publicada en Excelsior 01 de noviembre, disponible en www.arturozamora.com)