COMISIÓN ANALIZA PLAN NACIONAL EN MATERIA DE JUSTICIA Y ESTADO DE DE DERECHO

PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO, CDMX..El análisis del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 es importante para determinar si cumple con los objetivos marcados en la ley, afirmó María del Pilar Ortega Martínez, presidenta de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

En el foro de “Análisis del PND 2019-2024 en materia de justicia y Estado de derecho”, planteó que de existir observaciones a dicho plan, la sociedad tiene la oportunidad de aportar sus opiniones en el marco del parlamento abierto, alentando su participación.

Comentó que el objetivo es enriquecer la opinión de la Comisión de Justicia rumbo a la construcción del Plan, el cual tiene varios apartados vinculados a la materia, como recuperar el Estado de derecho, erradicar la corrupción, reactivar la procuración de justicia, combatir el consumo de drogas, construir la paz y recuperar la dignificación de las cárceles.

A su vez, la diputada de Morena, Adriana Espinosa de los Monteros, destacó la relevancia del parlamento abierto, para escuchar a la ciudadanía y a especialistas; hecho que redunde en enriquecer el Plan Nacional de Desarrollo.

En tanto, Blanca Lilia Ibarra Cadena, comisionada del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, resaltó la importancia de la transparencia y combate a la corrupción para recuperar y fortalecer el Estado de derecho en México en el PND.

Aseveró que la vigencia y rescate del Estado de derecho, sólo se preserva con instituciones que garanticen la facultad de acceder a la información, esa es la llave para lograrlo. “Tratándose de derechos humanos no cabe la opacidad, los secretos ni los privilegios”, externo.

Se pronunció por impulsar y promover mecanismos específicos para transparentar la gestión pública, la integridad y ética, rendición de cuentas, simplificar y automatizar procesos administrativos, propiciar el vigilante ciudadano y fortalecer la denuncia e investigación.

En este marco refirió que 59.1 por ciento de la población ha experimentado actos de corrupción en su contacto con autoridades de seguridad pública; 30.7 por ciento al solicitar permisos de construcción o uso de suelo y 25.1 por ciento respecto a trámites con el Ministerio Público, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017 del Inegi.

En tanto, Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, opinó que el Poder Legislativo desaprovecha la facultad que tiene, para intervenir en la construcción de las prioridades nacionales en el PND, porque sólo se discute el documento en su carácter político y no en el técnico.

Abundó que el Congreso tiene una tarea pendiente respecto de la Ley de Planeación democrática.

“No hemos sido capaces de captar el talento, inteligencia y conocimiento de la sociedad, para honrar la esencia del parlamento abierto y trabajar juntos: sociedad, academia, sector privado y legisladores”.

México persigue un Estado de derecho, expuso, donde éste se cumpla en la práctica, y si el PND no es el instrumento para asegurar que los derechos consagrados en la Carta Magna se cumplan todos los días, entonces “no sirve”, sea cual fuere la redacción.

Armando Zúñiga Salinas, vicepresidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), sostuvo que “es imposible pensar en el diseño de un Plan Nacional de Desarrollo sin considerar que erradicar la corrupción y reactivar la justicia en el país, son factores fundamentales para construir la seguridad y la paz”.

Tras señalar que la inseguridad ha rebasado los modelos de procuración de justicia, propuso perfeccionar el esquema de policía en funciones de seguridad procesal, cumplir las medidas de protección a víctimas, conformar asesores jurídicos, homologar el modelo de medidas cautelares y capacitación de los operadores del sistema de justicia.