CONTROL DE LOS ESTADOS: FEDERALISMO ASEDIADO @DulceSauri #JuevesDeMasColumnas EN @DiariodeYucatan
DULCE MARÍA SAURI RIANCHO*. (SemMéxico/ Mérida, Yucatán). Restaurar el presidencialismo de la década de 1970 pasa por retomar el control político de los estados. La nostalgia por ese pasado “dorado” que sufre el actual gobierno demanda la recuperación de los tradicionales mecanismos que inhibían, por la vía de los hechos, el cumplimiento del mandato constitucional sobre la relación estados-federación.
La expresión territorial de la democratización de México se dio no sólo en las derrotas electorales que el PRI experimentó desde 1989, con la pérdida de la primera gubernatura en Baja California, sino diez años antes, cuando fue expedida la Ley de Coordinación Fiscal que determina, mediante fórmulas, la distribución de los ingresos federales entre las 32 entidades federativas.
En la era de la hegemonía priista, cada peso fue duramente defendido cuando se negoció la ley; todavía ahora, cambiar los cálculos para asignar recursos es quizá la más difícil y explosiva negociación legislativa, por los intereses involucrados.
Vale recordar que una de las primeras medidas adoptadas por la legislatura en la que el PRI perdió la mayoría absoluta, en 1997, fue la creación del Ramo 33, Aportaciones a entidades federativas y municipios, que sujetó a la aprobación anual de la Cámara de Diputados la distribución de los programas y obras a ejecutar con recursos federales.
La figura de la controversia constitucional permitió “acusar” al gobierno federal ante la Suprema Corte de Justicia (SCJN) cuando escatimaba o no entregaba completos los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación del año correspondiente.
Por la parte política, el desarrollo de la democracia en los estados significó que las candidaturas del partido en el gobierno eran eso, candidaturas, no la postulación de quien invariablemente ganaría la elección.
Así llegamos a 2018 y al momento actual. Concentrar de nuevo el poder en la figura del presidente de la república exige dos cuestiones fundamentales: uno, que las candidaturas del partido en el gobierno sean definidas por él y dos, que los presupuestos destinados a los estados puedan obedecer estrictamente a sus prioridades, deseos y predilecciones.
Cuando Andrés Manuel López Obrador ganó la presidencia de la república, Morena obtuvo simultáneamente las gubernaturas en 4 entidades: CDMX, Veracruz, Tabasco y Chiapas, y con su aliado Encuentro Social, en Morelos.
En esa misma fecha, Movimiento Ciudadano triunfó en Jalisco y el PAN nuevamente en Guanajuato. Sin embargo, la mayoría de los estados continuaron gobernados por el PRI, PAN y Nuevo León, por un independiente.
Restablecer la facultad presidencial de postular candidaturas de su partido fue el primer paso. Se dio mediante el establecimiento de la controvertida figura de los “superdelegados”, una especie de poderosos embajadores del gobierno lopezobradorista en cada uno de los estados. Estos personajes, auténticos enclaves políticos, habían sido en su mayoría candidat@s en 2018, triunfantes unos como legisladores, derrotados otros, como en Yucatán, en las contiendas locales.
Especial cuidado se puso en aquellos estados con elección en 2021, pues una plataforma de esa naturaleza ayudaría a “crecer” a los prospectos ganadores.
Esta estrategia no es novedad, pues previamente en el gobierno del presidente Salinas de Gortari, varios responsables del Programa Nacional de Solidaridad, entre los cuales se encontraban senadores con licencia, fueron postulados como gobernadores de sus estados.
Treinta años después sucedió nuevamente, pues varias de las candidaturas triunfadoras provinieron de los “superdelegados”. Y los que no lo eran, sin duda fue la simpatía presidencial la que inclinó a final de cuentas la balanza, con algunos matices por las resoluciones del INE en Guerrero y Michoacán.
Así, el presidente López Obrador contará antes de fin de año con la mitad de las y los gobernantes de las entidades federativas. La hipótesis es que así mejorará la coordinación entre la administración federal y la de los estados en materia de seguridad, salud, educación, etc., obstaculizada supuestamente por los distintos orígenes políticos de los respectivos mandatarios.
Esta nueva alineación ha puesto en crisis a la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), formada en 2001 como interlocutora del gobierno de Vicente Fox; incluso, a la recientemente creada Alianza Federalista, dos de cuyos integrantes dejarán el cargo en breve a sus opositores.
El restablecido escenario político tendrá consecuencias en el ámbito del control presidencial sobre el proceso de aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) que dará inicio formal el próximo 8 de septiembre, al arrancar la nueva legislatura.
Ya han aparecido diversos signos, como las declaraciones del presidente López Obrador sobre el apoyo presupuestal de los estados a sus programas insignia, como Becas, Sembrando Vidas, Jóvenes Construyendo el Futuro. No creo que los recursos provengan de los raquíticos ingresos propios de los estados, pues la mayoría de las entidades donde Morena triunfó son las más dependientes de las participaciones federales; así que en la discusión del PEF 2022 muy posiblemente veremos intentos de “etiquetar” dinero para las prioridades presidenciales, pasando por encima de las legítimas demandas de los estados.
Las entidades más prósperas, que recaudan por arriba de lo que reciben por sus participaciones en ingresos federales han demandado una distribución más equitativa, que reconozca su esfuerzo recaudatorio. Los estados más rezagados, por el contrario, insisten en la necesidad de recibir un mayor monto de recursos para superar su situación.
Esta tensión no es nueva, proviene casi desde el mismo momento en que se aprobó la Ley de Coordinación Fiscal. Lo novedoso será si prospera la intención presidencial de “incautar” parte de los recursos estatales para completar los montos de lo que, a su juicio, se necesita para sus prioridades.
¿Lo soportarán las y los nuevos gobernantes? Cuando de dinero se trata, nada está escrito.
No me extrañaría que estrenáramos una nueva etapa de controversias constitucionales, amparos y otros recursos legales para defenderse de esta estrategia presidencial de saludar con el sombrero ajeno de los recursos estatales.
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*Licenciada en Sociología con doctorado en Historia. Exgobernadora de Yucatán y presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
