DE FRENTE Y DE PERIL / RAMÓN ZURITA SAHAGÚN / CÓDIGOS ROTOS @RevistaPersonae #MartesDeColumnas
Si con la renuncia del Presidente López Obrador se pacificara el país, se terminara la violencia y retornara la seguridad en todo el territorio nacional, seguro que el Ejecutivo federal lo haría, como empiezan a demandar sus detractores en redes sociales.
Sin embargo, su retiro de la Presidencia solamente enredarían más los problemas de violencia e inseguridad, por lo que resultan curiosas esas voces que demandan su salida del sitio al que lo llevaron 30 millones de votos, la cifra más alta en la historia electoral de México.
Es cierto que la violencia provoca incertidumbre en la ciudadanía y genera indignación, molestia, hastío y rabia y sube el tono de los reclamos, pero de ahí a que surjan cadenas de mensajes pidiendo la renuncia (debe ser licencia) del Presidente hay mucho trecho.
Claro que se trata de grupos interesados y, tal vez, hasta participen en ellos los grupos delincuenciales que provocan las matanzas colectivas que se han venido sucediendo en distintas zonas del país.
La inseguridad y violencia no son nuevas y son parte de la herencia de la guerra contra las drogas y las organizaciones criminales que han sido infructuosos y con pocos resultados favorable.
Si en algo tiene razón el Presidente López Obrador es de que los grupos criminales no se constituyeron hace cuatro meses, cuando él llegó al poder, sino que vienen trabajando abiertamente desde hace varios lustros.
Veracruz, estado en que se ubica Minatitlán, es una de las entidades más golpeadas por el flagelo de la violencia e inseguridad. Se recuerda como al inicio de la administración de Javier Duarte se dejó una camioneta llena de cadáveres bajo un puente del municipio de Boca del Río. Después de ello, se fueron descubriendo fosas clandestinas, con cuerpos de asesinados por los grupos criminales.
Eso sucedió, principalmente, durante los gobiernos de Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes y aún ahora se encuentran otras fosas.
La violencia no es privativa de estados determinados, aunque en algunos de ellos se reproduce más fuerte que en otros y la población ha tenido que aprender a convivir con las organizaciones criminales, viviendo en el filo del cuchillo.
En unos baja, en otros sube y en más de diez entidades permanece estable la inseguridad, la violencia y los crímenes multitudinarios.
Uno de los principales compromisos del hoy Presidente López Obrador durante su campaña electoral fue devolver la tranquilidad a la población, erradicando la violencia, cosa que en cinco meses no se ha conseguido y, por el contrario, se intensificó.
Claro que la violencia y la inseguridad no se terminan por decreto y que se ha venido trabajando para conseguir avances, por lo que se fijó una meta de seis meses para mejorar los índices de seguridad en el país.
La situación no será sencilla, ya que los grupos delincuenciales se encuentran enraizados en los sitios en los que operan y por lo visto no están dispuestos a soltarlos por nada, ya que sus ganancias y poder se han potenciado.
Y lo peor de todo es que los códigos no escritos de la delincuencia quedaron destruidos y ahora arrasan con todos, incluidos menores de edad, mujeres, sin respeto para nadie.
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