DE FRENTE Y DE PERIL: RAMÓN ZURITA SAHAGÚN / GOBERNADORES EN LA CÁRCEL @RevistaPersonae
La salida de prisión de ex gobernadores muestra como la ley no es tan rígida en contra de este tipo de políticos que llegan a pisar la cárcel, pero los delitos que se le imputan son muy leves para mantenerlos privados de la libertad.
Son pocos los gobernantes que se ven acusados de abusos, desvío de recursos y enriquecimiento, entre otros delitos, comparativamente con las acusaciones que sobre de ellos se hacen que se va perdiendo la credibilidad en las autoridades.
Los ciudadanos de los distintos estados son testigos muchas veces mudos del desastre de las administraciones y las autoridades federales muestran total incapacidad para actuar en contra de esas fallas y abusos garrafales de estos funcionarios electos por voto ciudadano, mientras que las auditorías muestran los desfalcos y desvíos del dinero público.
Cuando se acerca el final de un gobierno estatal estallan los escándalos por los faltantes en las distintas áreas, sin que autoridad alguna actúe, ya que los Congresos locales avalan las cuentas públicas.
Las historias que se cuentan de esos malos gobernantes abarcan desde desvío del erario, faltantes, enriquecimiento, abusos por parte de la familia, negocios, compra de propiedades y, en algunos casos, hasta vinculación, omisión y complicidad con el crimen organizado.
Pocos son los que reciben condenas largas.
Jesús Reyna, gobernador interino de Michoacán, acusado de vinculaciones con el crimen organizado y hasta de nexos con los cabecillas de la delincuencia en esa entidad fue puesto en libertad y Guillermo Padrés, gobernador de Sonora, busca la suya, mediante una garantía de 100 millones de pesos.
Otros como Javier Duarte y Roberto Borge, señalados por enriquecimiento luchan por su libertad y Andrés Granier se basa en la posibilidad de libertad domiciliaria.
Habrá que ver cuántos de los que terminaron su gobierno en 2018 ocupan esos lugares que están vacantes en las cárceles.
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