DESHUMANIZACIÓN DESDE EL “PODER” @ErikaSolorio02 #JuevesDeMasColumnas EN @ContraReplicaMX

Columnas martes 20 de enero de 2026 –

Las políticas públicas raquíticas para la prevención de los delitos en México, y en el mundo, resultan vergonzosas e indignantes, porque es a través del conocimiento científico que pueden generarse, respetando los derechos humanos de las personas y de las familias.

Escucho las palabras del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, quien ha dejado en claro en diversas ocasiones que debe trabajarse desde la prevención de los delitos, pero llevamos décadas en aparente inacción. Al parecer los gobiernos nos quieren ignorantes.

El respeto a la dignidad humana y a los derechos humanos establecidos en los pactos y tratados internacionales emitidos por Naciones Unidas, signados y asumidos en el papel por más de 150 países, no se han cumplido cabalmente. Los gobiernos son los responsables de prevenir y solucionar la violencia generalizada.

La defensa de los derechos de todas y todos a nivel mundial no se mide por los documentos firmados, sino por el actuar del Estado hacia las personas. Indudablemente, las y los empleados de los gobiernos son los responsables de no violar los derechos.

A partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se han desarrollado múltiples tratados internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que obligan a los Estados a respetar, proteger y garantizarlos.

Incongruencia. Muchas de estas violaciones provienen del propio aparato gubernamental, instituciones que deberían de garantizarlos. Uno de los fenómenos más preocupantes es la deshumanización ejercida por trabajadores y representantes del Estado. Las personas tienen que ser tratadas con dignidad por parte de las y los servidores públicos, no como números, expedientes o amenazas, porque vulneran el principio básico de dignidad humana establecido en el artículo 1 de la Declaración Universal.

No basta con hablar de derechos humanos. El uso excesivo de la fuerza por parte de los elementos de seguridad del Estado, la negligencia institucional hacia personas en situación de pobreza, migración o calle, la criminalización hacia las manifestaciones pacíficas, y la falta de elaboración de políticas públicas basadas en la equidad de género. Estas conductas no son hechos aislados, sino el resultado de estructuras burocráticas, autoritarias y desensibilizadas, que normalizan la violencia y la exclusión.

Cuando el Estado incumple su obligación de proteger los derechos humanos, no solo falla, sino que se convierte en generador de violencia estructural, en ocasiones normalizada por las y los servidores públicos, la conciencia y la responsabilidad de servir a la ciudadanía, es fundamental para trabajar por el bienestar de las personas.

El Estado Mexicano está en deuda por la violación a los derechos humanos de millones de personas, por las y los desaparecidos, por los feminicidios, por las agresiones sexuales hacia las niñas, niños, adolescentes y mujeres, por la normalización de la violencia, por no capacitar a las y los empleados de los gobiernos para conducirse de forma respetable.

Por Viviana Erika Solorio, activista de derechos humanos. Mtra. Administración y Políticas Públicas con Enfoque en Gestión Política.