DETIENEN A JOSÉ LUIS MOYÁ MOYÁ POR OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA

NACIONAL

El 21 de octubre, las autoridades judiciales de la Ciudad de México ejecutaron una orden de detención contra José Luis Moyá Moyá, acusado de realizar Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Se espera que en las próximas horas sea trasladado a uno de los centros penitenciarios de la capital.

Desde marzo de 2023, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX ha estado llevando a cabo una investigación profunda sobre Moyá, quien enfrenta acusaciones de diversos delitos, entre ellos el lavado de dinero.

Recientemente, un video en redes sociales (https://www.youtube.com/watch?v=UeOMlGqEH-I) reveló pruebas que apuntan a transacciones millonarias vinculadas a la familia Moyá.

En él se menciona a Rosa María Moyá, madre del detenido, quien habría movido sumas significativas de dinero sin que se conociera actividad económica que justificara tales movimientos.

De acuerdo con el material audiovisual, se sugiere que en 2020, la señora Moyá pudo haber gastado más de 11 millones de pesos, a pesar de que su única fuente de ingresos reportada era el trabajo doméstico.

Sus cuentas reflejan transferencias de altos montos sin explicación clara, incluyendo una transacción de 5 millones 248 mil 957 pesos a Luis Ceferino Macías Noguera, presunto yerno de Moyá, entre 2019 y 2021.

En los últimos 15 años, José Luis Moyá ha utilizado la transparencia gubernamental para obtener información sensible que luego empleaba para extorsionar a funcionarios, políticos y empresarios.

Desde 2002, presentaron más de mil cien solicitudes al Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) y ha interpuesto cerca de 700 recursos de revisión. Se ha hecho pasar por asesor de funcionarios públicos para acceder a información confidencial y lucrar con ella.

Moyá llegó a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México gracias a recomendaciones a Salvador Abascal Carranza, quien era presidente de la Comisión de Hacienda y lo contrató como colaborador.

Sin embargo, en agosto de 2003, se reveló que Moyá se hacía pasar por secretario particular de Abascal, lo que le permitió infiltrarse en dependencias gubernamentales para obtener información y presentar denuncias por supuestas irregularidades administrativas, como sobreprecios en adquisiciones.

Al enterarse de estas acciones, Abascal decidió desvincularse de Moyá y advirtió sobre su actuación independiente. En respuesta, Moyá demandó a Abascal por 10 millones de pesos por daño moral, aunque el caso fue resuelto en contra de Moyá.

En 2006, Isabel Miranda Wallace, de la asociación Alto al Secuestro, denunció a José Luis Moyá por extorsión y difamación, alegando que solicitaba dinero a cambio de no afectar su imagen pública.