#Domingueando “LA VERDAD INJUSTA” @ivonnemelgar EN @Excelsior

Necesitamos una reforma en materia de justicia. Pero ésta no debe responder únicamente a lo que el poder en turno considera punitivo, aun cuando se pretenda un cambio de régimen encabezado por un líder político con respaldo social

Los insultos en el Zócalo no lograron acallar el reclamo de paz y verdad de la Caravana de las víctimas.

Por el contrario, esos gritos en contra de quienes lloran a sus desaparecidos subrayaron la orfandad histórica de quienes buscan justicia.

Porque la descalificación al recordatorio de que vivimos bajo la impunidad institucionalizada también confirmó la impotencia del poder frente a una realidad de violencia que parece no cesar.

Y aunque esa impotencia sería justificable por la inexistente impartición de justicia que nos agobia desde hace décadas, el presidente Andrés Manuel optó por politizar el reclamo.

El eco que alcanzó esa descalificación hacia la Caravana entre activistas de derechos humanos y simpatizantes de López Obrador puso de manifiesto un peligro que debe atajarse ahora que el Senado se dispone a una reforma penal: que la verdad política en turno sea la pauta para definir, perseguir y castigar los delitos.

Y ante un gobierno que tacha a los periodistas críticos de conservadores, se prendió el temor, hace dos semanas, de que esas descalificaciones se traduzcan en sanciones penales, al filtrarse el borrador de iniciativas de la Fiscalía General de la República que, entre otras penas, proponían cárcel para un eventual delito por difamación.

Ese temor fue expuesto en la mañanera presidencial del miércoles 29 de enero por Denise Dresser, al denunciar el acoso judicial del exgobernador priista Humberto Moreira contra su colega, el politólogo Sergio Aguayo, a quien un juez exigía pagar 10 millones de pesos, amenazándolo con embargarle su casa.

La académica y editorialista de Reforma y Proceso pidió al presidente López Obrador el compromiso de que no impulsará ninguna ley que criminalice a sus críticos.

“Eso no va pasar. No tengo nada que ver con la supuesta reforma. No se va a censurar a nadie”, sostuvo el mandatario, descalificando las intenciones del fiscal Alejandro Gertz.

En la semana del desprecio oficialista a las víctimas, ese diálogo entre Dresser y Presidente dejó constancia del malestar frente a la persistente impunidad del putrefacto aparato penal, capaz de prescribir la ruina patrimonial de un intelectual, pero incapaz de desmontar la narcopolítica.

Fue un diálogo que señaló la existencia de un aparato político que desde el gobierno fustiga a sus críticos, cuando la académica le hizo saber al presidente Andrés Manuel López Obrador del activismo tuitero en su contra, por parte de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval.

Y, por lo tanto, fue un diálogo que también evidenció cómo la verdad política oficial se está convirtiendo en obstáculo para concretar la reconciliación que sustentaría la promesa presidencial de paz.

Por eso la urgencia de que esa reforma, como lo propuso el senador Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano, impulse los instrumentos de la justicia transicional para concretar el derecho a la verdad, la justicia, la reparación del daño y la no repetición.

Esos pendientes fueron subrayados tras la vergonzosa fuga de los tres integrantes del Cártel de Sinaloa que, cómodamente, salieron ese miércoles 29 del Reclusorio Sur, con el evidente apoyo de su personal, gracias a que unos jueces les despejaron el camino al haberlos sacado antes de una cárcel de alta peligrosidad.

Para subrayar el riesgo de que la verdad siempre injusta de la política marque el cambio en materia de justicia, quedó al descubierto el doble rasero del juez Jesús Delgadillo Padierna: partícipe en el traslado de los narcos que se fugaron y despiadado con Rosario Robles, a quien le impuso la prisión preventiva, bajo el pretexto de que podía huir, aun cuando no ha sido juzgada y el proceso que se le sigue no ameritaba ese escarnio.

Frente a todas esas inconsistencias, necesitamos una reforma. Pero ésta no debe responder únicamente a lo que el poder en turno considera punitivo, aun cuando se pretenda un cambio de régimen encabezado por un líder político con respaldo social.

Ese riesgo, por lo pronto, se amortigua con el compromiso del jefe de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, de abrir el debate, construir un proyecto con todas las fuerzas partidistas y preservar el enfoque penal de derechos humanos que se registró en la Constitución en la última década. Porque ninguna verdad política, por más legítima y popular que sea, puede traducirse en un código de castigos. De ser así, los cabecillas del crimen recibirían los abrazos del Estado bajo la consideración ideológica de que fueron víctimas del neoliberalismo. Y los etiquetados como delincuentes de cuello blanco tendrán muerte civil con el juicio sumario del gobernante.

Ése es el riesgo que afrontamos: que la verdad política dictamine quiénes son las víctimas y los victimarios.

Y de ser así, llegará la justicia a modo. Pero nunca la paz.