DULCE MARIA SAURI RIANCHO: DINEROS Y PREDIALES; POLÉMICA EN MÉRIDA @DulceSauri #JuevesDeMasColumnas EN @DiariodeYucatan
Ingresos y gastos son dos caras de la misma moneda o del mismo bolsillo. La ciudadanía suele interesarse mucho más en el presunto destino de los fondos públicos autorizados anualmente por los congresos, sea federal o estatal, a las haciendas públicas de las entidades federativas. Poco se habla de la estrategia gubernamental para recaudar los recursos que se pretende gastar en multitud de programas y obras públicas.
Esa modorra se rompió recientemente por la polémica desatada en torno a la Ley de Hacienda del municipio de Mérida para 2025. Como sabemos, la mayoría morenista se negó a aprobar una propuesta de “actualización de los valores catastrales” de la capital, privando al ayuntamiento aliancista de una recaudación estimada en 80 millones de pesos.
Exploremos un poco lo acontecido la semana pasada, cuando también el Congreso del estado revisó iniciativas de leyes de Hacienda de los otros 105 municipios. Pretendo entender quién tiene la razón, más cuando se ha anunciado la interposición de una controversia constitucional por parte del Ayuntamiento de Mérida contra el Congreso de Yucatán.
Dejemos en claro que el Congreso tiene plenas facultades para conocer, discutir y aprobar (o no) las iniciativas enviadas por los ayuntamientos. Pero los diputados no se pueden meter en la forma en la que se gastarán esos recursos, porque el presupuesto es atribución exclusiva del Cabildo. Pueden “atornillarlos” en ingresos pero, como respondió la alcaldesa Patrón, “harán más con menos y mejor”.
Mérida se prepara para recaudar casi 6,200 millones de pesos, en números redondos. La buena noticia es que, de ese total, casi la mitad (48.8%) corresponde a recaudación propia, lo que significa que el ayuntamiento meridano vía impuestos, derechos, productos y aprovechamientos, junta la mitad de lo que pretende gastar en servicios a la ciudadanía.
Si le sumamos a la cantidad anterior el estimado de 1,900 millones de pesos provenientes de las participaciones e incentivos de colaboración fiscal (esfuerzo recaudatorio), más de dos tercios de los recursos disponibles para el Ayuntamiento serán de “libre disposición”.
No digo que la ciudad y sus autoridades vayan a estar en un lecho de rosas, pero hay elementos para defenderse de arremetidas políticas interesadas en deteriorar la imagen del cabildo y de su presidenta, y también para enfrentar posibles situaciones derivadas del estancamiento económico.
El impuesto “estrella” de los ayuntamientos es el Predial. Más en Mérida, donde representa el 20% de sus ingresos totales. La otra luminaria fiscal meridana es el ISAI (Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles), que se genera en cada operación de compra-venta.
Las autoridades municipales estiman captar 1,120 millones de pesos por este rubro, cantidad un poco menor que la proveniente del Predial. Sólo que el ISAI depende de la dinámica del mercado inmobiliario: se mueve, llega dinero; se ralentiza, disminuye la recaudación. En cambio, el predial se cobra a todos los inmuebles y terrenos del municipio. Por eso, “tocar” el predial enciende luces de alerta y, en este caso, la ira y preocupación de las autoridades municipales.
Durante varios años Mérida experimentó la actualización de sus valores catastrales, excepto en 2024, año con elecciones. Esta política ha significado que la mayoría paga cada año más impuestos por su propiedad.
En su fundamentación dirigida al Congreso, el ayuntamiento señala que Mérida ha vivido una inflación casi del doble que el promedio nacional (9.7% vs 4.76%); que hay que aumentar la base de cálculo para que no se erosione la recaudación. Pero… la ciudadanía lo resiente, y su bolsillo, más. La mayoría morenista le cerró este camino al Ayuntamiento de Mérida, pero le abrió otro muy interesante.
La iniciativa de reformas a la Ley de Hacienda del municipio aborda el espinoso tema del predial de los departamentos en edificios y condominios verticales.
Con el argumento de la densificación poblacional y de la utilización más intensiva de la infraestructura municipal, se han concedido permisos de construcción a diestra y siniestra, por toda la ciudad, pero principalmente en la zona norte, de oriente a poniente.
“Achocar” en terrenos diminutos de la zona centro; construir una torre de 10 o más pisos después de derribar una casa-habitación, en una zona en la que ni la vialidad ni los servicios de agua potable y energía eléctrica lo resisten, es parte de la pesadilla urbana que padecen numerosas familias cuyos espacios han sido sitiados por enormes edificaciones.
Además, y para colmo, hasta este 2024 los departamentos pagan un predial insignificante, hasta ridículo, muy lejano de lo que tendrían que erogar si fuese una casa-habitación de dos niveles en la misma zona.
Considero que hay que repensar la política de crecimiento vertical de la ciudad de Mérida. Tendría que haber restricciones insalvables para construir torres de cuatro y más pisos cuando se trate de colonias o fraccionamientos dentro del perímetro urbano, delimitado por el Periférico.
Los elevados inmuebles, con cientos de departamentos, pueden edificarse fuera del actual Anillo, pero es necesario prever sus efectos, en especial en la vialidad. Si no reaccionamos autoridades y ciudadanía ahora, en unos cuantos años será demasiado tarde.
Con su determinación de aprobar un predial justo a los cientos, quizá miles, de departamentos, muchos de ellos de lujo, el Ayuntamiento resarcirá parte importante de lo que dejará de percibir al no haber podido incrementar el valor catastral. Bueno, pero no es suficiente.
La planeación del desarrollo urbano de Mérida ha dejado mucho qué desear. Nadie está libre de un restaurante al lado, un negocio de lavado de vehículos —incluido cambio de aceites— o de una torre de departamentos en el otrora frondoso patio de la vecina. ¿Eso queremos?
Tomemos la oportunidad, que no con buenas intenciones, nos abrió el Congreso para ponernos las pilas y revisar las políticas que están dañando a Mérida.
Pero como dice el refrán: “más pronto cae un hablador que un cojo”. El ejecutivo del estado mandó su propia iniciativa de Ley de Ingresos 2025. Y en el rubro de Derechos aparece el reemplacamiento (Dotación, canje, baja y reposición de placas, nombre formal) por 660 millones de pesos.
“Protegieron” a la ciudadanía del cobro de 80 millones del predial pero, si aprueban la iniciativa del gobernador Díaz Mena, le quitarán al menos 660 millones por las placas. Que servirán, supongo, para compensar parcialmente la desaparición del Fondo de Apoyo a la Seguridad Pública (FASP). ¡Vaya contradicción!— Mérida, Yucatán.
dulcesauri@gmail.com
Licenciada en Sociología con doctorado en Historia. Exgobernadora de Yucatán
