EL DERECHO AL BIENESTAR @DulceSauri #JuevesDeMasColumnas EN @DiariodeYucatan

A 103 años de la Constitución Política

Dulce María Sauri Riancho (*)

Hoy se conmemoran 103 años de la Constitución mexicana. Cuando nació, en 1917, fue bautizada como la primera constitución social del mundo. No sólo recogió las garantías individuales de las personas (algunas indefinidas, como el voto de las mujeres), sino emprendió un camino inédito hasta entonces al reconocer los derechos de grupos sociales, como los campesinos y trabajadores de México.

El reparto de tierras para quienes las trabajaban había sido demanda esgrimida en el movimiento revolucionario que se plasmó en el artículo 27; la jornada de 8 horas y el derecho a organizarse sindicalmente también fueron incorporados en el artículo 123.

Pensemos a la Constitución como un gran pacto social producto de una revolución armada.

Había grandes expectativas entre los grupos triunfantes para que se cumplieran sus demandas.

No había recetas ni antecedentes: se dio una respuesta inédita, producto de la experiencia y el compromiso de los constituyentes. Todavía limitada a la letra, las nuevas reglas rigieron la construcción de las grandes instituciones del siglo XX y establecieron una ruta para el efectivo ejercicio de los derechos que fueron plasmados en sus 136 artículos.

Cambios

A lo largo de su centenaria vida, la Constitución ha sufrido numerosos cambios, más de 750, dieciocho de ellos en el primer año del actual gobierno.

El mayor avance, sin duda, fue la gran reforma para darle rango constitucional a los derechos humanos, publicada en junio de 2011.

También lo fue la elevación a rango constitucional de los derechos de los pueblos originarios. La igualdad jurídica entre mujeres y hombres apenas fue establecida en 1974. Y más recientemente, en esta legislatura, la introducción del principio de paridad en la representación y en la integración de las estructuras de los poderes de la Unión.

Como en todos los casos, la realidad no se modifica automáticamente junto con las nuevas leyes, sino que median años de lucha para poder hacer efectivos esos cambios. Sin embargo, si no se hubieran materializado en la Constitución, la puerta, en este caso de la igualdad, nunca se hubiera abierto.

Un nuevo reto se presenta a la Constitución en su centenaria existencia. El presidente de la república ha enviado una iniciativa de reforma al artículo 4 constitucional, el que establece la igualdad de género, entre otros derechos sociales.

Se trata de elevar a rango constitucional los programas de apoyos a los adultos mayores, becas a los estudiantes, así como para personas con discapacidad permanente. Sin lugar a dudas, estos programas forman parte del ejercicio efectivo de los derechos a la educación, a la salud y a la seguridad social.

Pero no son todos, ni ahora, ni en el futuro. La situación de pobreza en que vive la mitad de la población mexicana; la incertidumbre de más de 8 millones de adultos mayores que carecen, la mayoría, de pensión digna; el insuficiente acceso a la vivienda y las difíciles condiciones de las familias que se hacinan en ellas; la falta de acceso a una alimentación saludable; la violencia contra las mujeres y las niñas; la precariedad del sistema de salud, son sólo algunos de los problemas cotidianos a que se enfrentan millones de personas.

Introducir sólo tres programas en los términos planteados por el Ejecutivo parecería ignorar la situación de vulnerabilidad de más de 50 millones de mexicanos y limitaría funciones de la Cámara de Diputados, responsable de aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la federación, además de comprometer el federalismo al ignorar las condiciones económicas y sociales de los distintos estados.

Atención

Reconozco el compromiso del presidente López Obrador con la justicia social que reclama la atención a jubilados y estudiantes, pero no es suficiente en la sociedad del siglo XXI.

Aquí se trata de refrendar la imaginación y la audacia de los constituyentes de 1917, cuando lograron crear esos nuevos derechos para impulsar el “constante mejoramiento de la vida ….”, tal como la Carta Suprema define a la democracia.

Toda persona tiene derecho al bienestar, entendido como la satisfacción de sus necesidades materiales y espirituales en todo su ciclo de vida; si ese bienestar se alcanza mediante el ejercicio pleno de sus derechos a la educación, salud, alimentación, vivienda, medio ambiente saludable y a una vida libre de violencia y discriminación; si el Estado (léase el gobierno) tiene la obligación de generar las condiciones para ejercer esos derechos, ¿por qué no introducir en el mismo artículo 4 el Derecho al Bienestar?

Este derecho sería un articulador del conjunto de derechos individuales y colectivos establecidos en la misma Constitución, incorporando la obligación del gobierno de desarrollar las políticas públicas, los programas y las acciones institucionales necesarias para alcanzar el bienestar de la población.

Los programas –en este caso, pensiones, becas- estarían garantizados anualmente en las iniciativas que mande el presidente, las cuales serían analizadas y aprobadas por la Cámara de Diputados bajo ese principio. Pero también el gobierno de López Obrador tendría que considerar otros programas a partir del derecho al Bienestar, como los relativos a la inclusión de las personas con discapacidad; la atención a las niñas y niños en su primera infancia; la vivienda digna, y numerosas acciones institucionales que hagan posible esa vida plena para toda la población mexicana.

Tiempo de audacia en el avance de nuevos derechos en la Constitución. Como entonces, sería el primer paso de un largo y tortuoso camino para pasar de la letra a la realidad y caminar hacia la igualdad plena que reclama un futuro de justicia. — Mérida, Yucatán

dulcesauri@gmail.com

Licenciada en Sociología por la Universidad Iberoamericana, con doctorado en Historia. Exgobernadora y diputada federal plurinominal del PRI