EL PRI ESTÁ ABSOLUTAMENTE DE ACUERDO EN QUE SE REGULEN LAS REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, PERO NO CON UNA MINUTA DESACTUALIZADA, QUE GENERA INCERTIDUMBRE JURÍDICA Y PLANTEA PROBLEMAS DE APLICACIÓN
CIUDAD DE MÉXICO.- El Grupo Parlamentario del PRI está absolutamente de acuerdo en que se regulen las remuneraciones de los servidores públicos, pero no con una minuta salida del invierno legislativo, que está desactualizada, genera incertidumbre jurídica y plantea problemas de aplicación, señaló la diputada Dulce María Sauri al referirse a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
Al fijar en Tribuna la posición del PRI durante la discusión de esta ley que regula los salarios máximos de servidores públicos, aprobada por el pleno del Senado de la República hace 7 años –en 2011—y que se quedó en la Cámara de Diputados, la legisladora enumeró las razones del rechazo: obsolescencia legislativa; falta de armonización legislativa; ausencia de consideración sobre regímenes especiales; provoca choque presupuestario y genera choque constitucional.
De 2011 a la fecha se crearon y reconocieron nuevos órganos constitucionales autónomos, nuevas figuras administrativas como los órganos reguladores y coordinadores en materia energética, fideicomisos y fondos públicos.
Una estructura que no es considerada por la minuta es el Sistema Nacional Anticorrupción, ni la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que obliga a las autoridades a publicar las remuneraciones de los servidores públicos.
De la misma forma, dijo Dulce María Sauri, no considera las reformas en materia de desindexación del salario mínimo y la creación de la Unidad de Medida de Actualización, UMAS.
Al presentar una moción suspensiva, la diputada Claudia Pastor enumeró las inconsistencias de esta minuta: habla del Distrito Federal cuando ahora es la Ciudad de México; de salarios mínimos cuando hoy son unidades de medida actualizada; de la PGR cuando ahora es la Fiscalía General de la República; del IFE en lugar de INE.
En su oportunidad el diputado Alfredo Villegas señaló ante la Asamblea que existen propuestas concretas para subsanar estas deficiencias y relató que en los últimos ocho días se generaron tres documentos, uno es una carta compromiso, donde están las inconsistencias de la ley, por ejemplo, el capítulo de sanciones no está bien redactado y en la propuesta se ha diseña cuál podría ser la solución.
Explicó Villegas Arreola que seis grupos parlamentarios solicitaron procesar, corregir en un tiempo prudente, de aquí al 30 de septiembre, las observaciones e inconsistencias y así aprobar esta ley. “Hay voluntad de sacarla y aprobarla, pero sin inconsistencia, sin irregularidades”.
