EL SENADOR NAPOLEÓN GÓMEZ URRUTIA, SIGUE METIENDO LAS MANOS EN LA EN MINA “SAN RAFAEL”, LO QUE PODRÍA DERIVAR EN PROCESO PENAL, ADVIERTEN ESPECIALISTAS

· Actuó la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en componenda con el senador de Morena

· Avaló la JFCyA irregularidades, como que el recuento se efectuara en Mazatlán y no en la empresa

· Se acudirá a un panel de controversia del TMEC para abrir una queja contra el Gobierno de México

Ciudad de México.- El Sindicato Nacional Minero Metalúrgico Frente impugnará los resultados del recuento de trabajadores de la mina San Rafael, de Cosalá, Sinaloa, ante autoridades federales, lo que derivará en un proceso penal en contra de Napoleón Gómez Urrutia, por las irregularidades cometidas en componenda con la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCyA), que favoreció descaradamente al senador de Morena.

Así lo señaló Carlos Pavón Campos, secretario general de ese sindicato, quien ratificó que acudirá ante panelistas laborales del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), para presentar una queja en contra del Gobierno de México, representado por la JFCyA, porque en ese recuento se presentaron serias alteraciones que vulneran el acuerdo, en materia de libertad sindical.

El dirigente sindical acusó directamente a la titular de la JFCyA, María Eugenia Navarrete, de estar interesada en que el sindicato de Gómez Urrutia ganara el recuento efectuado en pasado 17 de septiembre, como se demuestra con todas las irregularidades cometidas por la dependencia a su cargo y cuestionó que sea realmente citada a declarar en torno al caso.

Destacó que la JFCyA solapó y actuó en favor Gómez Urrutia, mediante diversas acciones amañadas, como autorizar que el recuento no se efectuara en la mina, como debió ocurrir, sino en un hotel de Mazatlán, ubicado por carretera a dos horas y media del yacimiento.

Expuso que muchos trabajadores fueron trasladados incluso por Gómez Urrutia en vehículos con engaños o con amenazas, ya que les recordaban que ellos irían a votar a Mazatlán, pero sus familias se quedaban en Cosalá, cuando la Junta debió designar a la empresa minera para que esta transportara al personal.

Destacó que fue más que sospechoso el comportamiento de elementos de la policía municipal de Mazatlán, que se presentaron al hotel Castilla, en donde se efectuó el recuento, para amedrentar a los trabajadores que mostraban repudio por la agrupación de Gómez Urrutia.

Puntualizó que el Sindicato Frente promoverá un juicio de amparo ante las autoridades federales para impugnar el resultado del recuento que favoreció a Gómez Urrutia, por 122 votos a favor y 108 en contra, quien abiertamente utilizó su posición como senador de Morena para ser favorecido por la JFCyA.

El diputado Carlos Pavón Campos destacó que 14 personas que votaron a favor de la agrupación napista tienen abiertos procesos penales por la toma ilegal que hicieron de la minera desde el 26 de enero pasado.

Otra irregularidad de la JFCyA fue que citó a una audiencia el viernes 11 de septiembre, a los sindicatos interesados en participar en el recuento, pero no avisó con 24 horas antelación al Sindicato Frente, como debió ocurrir.

En la audiencia se determinó que el recuento sería el día 17, pero fue una estrategia de la Junta para aprovechar que el sábado, domingo, y el día 16 fueron inhábiles para que no se pudieran presentar juicios de amparo en contra del recuento.

Dio a conocer que el Sindicato Frente presentó el 14 de septiembre una inconformidad ante la Junta, para que se suspendiera el recuento, pero esta instancia simplemente no respondió.

Explicó que antes de realizarse el recuento fue emitido un amparo en contra de ese procedimiento, que debió haberse repuesto y para el cual apenas se fijó el 22 de septiembre, como fecha de primea audiencia, pero esto no fue respetado por la JFCyA, la que se apresuró para que el recuento fuera el día 17.

Pavón Campos informó que, durante el recuento de trabajadores de la Mina San Rafael, propiedad de la empresa canadiense, Americas Gold and Silver Corporation, los abogados de Gómez Urrutia prácticamente dictaban en qué términos debían quedar los acuerdos a los representantes de la Junta.

“Desecharon las imputaciones que se hicieron durante todo el día, no admitieron ni un punto ni una coma. Si los secretarios de la Junta no tienen capacidad, pues que están haciendo ahí. El presidente de la República habla de combatir la corrupción, pero aquí se vio como brotaba”, enfatizó.