ENTRESEMANA / ASUNTO DE LEYES @msanchezlimon #MartesDeColumnas
MOISÉS SÁNCHEZ LIMÓN
En la naciente que no bisoña administración del licenciado Andrés Manuel López Obrador, la inmensa mayoría de los mexicanos no sabe de qué se trata eso de la IV Transformación, aunque los seguidores del debutante Jefe del Ejecutivo Federal creen que es vía libre para el linchamiento mediático y vociferante de quienes consideran sus enemigos. Se asumen dueños del poder.
Sin duda, incluso, buena parte de legisladores de Morena no atinaría a enderezar una defensa despojada de fundamentalismos acerca de los motivos por los que el debutante jefe del Ejecutivo Federal se mantiene al frente del Movimiento Regeneración Nacional y ha emprendido la descalificación del Poder Judicial y tirado línea a la mayoría morenista en el Legislativo.
Mire usted. En efecto, es insultante la existencia de esa burocracia dorada que por encima de los estipendios que por ley corresponde a los servidores públicos, se autorizaba compensaciones y bonos, viáticos y apoyos que finalmente sumaban millones y ofendían a los salarios del grueso de la burocracia.
Y procede procesar y encarcelar a esos pillos que desde hace rato han hecho carrera en ámbitos de la corrupción que primero cobró el diezmo y luego, en la administración que recién concluyó, llegó a asociarse con proveedores y se convirtieron en empresarios que hicieron negocios entre sí.
No es difícil saber nombres y apellidos, tampoco es imposible conocer el monto de su riqueza no aclarada, esa que no aparece en el famoso 3 de 3 ni en la obligatoria declaración patrimonial de inicio y término de gestión.
Por tanto, cuál es la razón por la que el licenciado López Obrador después de que se ha pasado meses y años en la denuncia recurrente y el amago de aplicar la ley y meter a prisión, incluso, a quienes hicieron negocios pingües con los contratos en el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México y licitaciones de diversa índole, de pronto se quedó en el pusilánime peace and love.
Si la razón por la que se abstiene de enjuiciar penalmente a quienes sabe parte de esa mafia del poder que tanto ensalzó como la causante de los problemas de México, es para evitar que haya una crisis de Estado, entonces se entiende que descalificar al Poder Judicial Federal sea la pauta para allanar espacios de impunidad en los que él, como jefe del Ejecutivo, se instalará por el resto de los próximos cinco años con diez meses. Desprovisto de contrapesos.
Poner en duda la honestidad y verticalidad de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a partir de un resolutivo del ministro Alberto Pérez Dayán, cuando es sólo una suspensión de la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, porque no se ha discutido el fondo de la Litis ni entraña la revocación de facto, es el elemento perverso que sumado a la otra calificación de antidemocrática a la que confirmó el triunfo electoral de Martha Érika Alonso Hidalgo como gobernadora del estado de Puebla, evidencia una ruta hacia la dictadura.
El licenciado López Obrador debe asumir el cargo por el que votaron 30 millones de mexicanos, estos ciudadanos que creen en su palabra y lo consideran un demócrata honesto, y dejar de actuar como candidato en campaña y presidente del consejo de administración de Morena. Es Presidente de la República y no puede enfrentar y emplazar a los otros poderes con una obtusa visión de avasallarlos.
En esa línea de avasallamiento proceden los diputados federales Mario Delgado y el senador Ricardo Monreal, que amén de descalificar y satanizar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, invocan a las leyes como sustento para minar a un procedimiento elemental en el fondo de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, pero soslayan el hecho de que el famoso párrafo tercero del artículo 64 de la Ley Reglamentaria, se perturbó con esa decisión unilateral del licenciado López Obrador de cobrar su primera quincena como Presidente de la República a la mitad de lo que percibía Enrique Peña Nieto.
¿Era necesario legislar fast track el tema del salario presidencial? Les ganó la prisa; pretendieron con esa mayoría legislativa quedar bien, darle gusto al Presidente, pero generaron un conflicto con el Poder Judicial y parte del Legislativo.
La mayoría de Morena en el Senado, representada por Zuleyma Huidobro González, directora general de Asuntos Jurídicos, interpuso recurso de reclamación contra el ministro instructor Alberto Pérez Dayán, que concedió la suspensión de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
El senador Ricardo Monreal calificó como falta grave la suspensión y pidió resolver con urgencia el recurso por su importancia para el orden público, el interés social y la economía nacional.
Pero, ¿por qué las urgencias de diputados y senadores de Morena? Si como refieren Mario Delgado y Pablo Gómez el paquete económico de 2019 se puede procesar por encima de la suspensión provisional, entonces para qué se rasgan las vestimentas. Simplemente dejen unos meses que el licenciado López Obrador cobre los 259 mil 627 pesos que Peña Nieto percibía y no bonos y compensaciones, para que no se vea mal y luego lo procesan en el Congreso de la Unión. Lo cierto es que un país no puede gobernarse con voluntarismos porque, hecho el daño, luego esconda la mano y diga que todo queda en ámbito de los legisladores. Conste.
NOTAS. Por cierto, en el Congreso del Estado de México se ha retomado el caso de la nueva Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México de 2018. Sólo que en la actual LX Legislatura la mayoría de Morena ha procedido con fundamento en la tarea de revocar dicha ley cuya entrada en vigor está prevista para el primer día de enero de 2019.
Por ello se apresura el análisis y las propuestas para enmendar la plana a la mayoría priista que, con fecha 19 de julio de este año recibió del gobernador Alfredo del Mazo Maza la iniciativa de la nueva Ley del ISSEMYM y la aprobó en microondas; el decreto correspondiente se publicó el 10 de agosto último y, en unos días más entrará en vigor, pero implicaría severo retroceso en los beneficios que gozan los derechohabientes.
Un documento elaborado en el Congreso mexiquense, para efecto de sustento del procedimiento que evite la entrada en vigor de esa Ley, aduce que “es poco solidaria y tiene como finalidad última la pauperización de las pensiones y de los servicios médicos a los que todo trabajador y trabajadora debe tener acceso”. El caso no es simple; el jueves le platico. Digo.
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