ENTRESEMANA / EL CASO AGUAYO Y LA TENTACIÓN DE CRIMINALIZAR A LA PRENSA @msanchezlimon #JuevesDeMasColumnas

MOISÉS SÁNCHEZ LIMÓN

El 20 de enero de 2016, Sergio Aguayo escribió que Humberto Moreira, ex gobernador de Coahuila detenido cinco días antes en España bajo el cargo de lavado de dinero, destilaba un hedor corrupto. El litigio emprendido por el coahuilense en contra del articulista ha llegado al grado de que éste sea condenado a pagar diez millones de pesos por ese dicho tipificado como daño moral. ¿Es justo? Es una barbaridad que evidencia cómo se aplica la ley en México.

Por ello, ayer Denise Dresser refirió a Andrés Manuel López Obrador la pretensión de su administración de revivir la difamación como un delito que podría ser castigado con cárcel. Y le requirió: ¿Usted se compromete a no apoyar leyes que criminalicen a los periodistas?

Fue en la mañanera de ayer miércoles y López Obrador, después de evitar una respuesta concisa atendió al requerimiento de Dresser: “Claro que sí, por convicción”. Luego acotó, con esa recurrente lontananza al pasado cuando el tema requiere una atención puntual en presente:

“Y vamos a respetar siempre el derecho a la libre manifestación de las ideas y no se va a censurar a nadie, no lo hemos hecho.

“(…) A diferencia de los conservadores, nosotros tenemos ideales, tenemos principios, pero sobre todo nos importan mucho el aplicar el principio de que la política es un imperativo ético, nos importa mucho la moral pública; el conservadurismo, su doctrina es la hipocresía. Entonces, somos distintos, somos diferentes, eso se va a ir entendiendo”.

Dresser le acotó:

“Sí, pero podríamos decir lo mismo de miembros de su gabinete que tuitean contra periodistas y los difaman y los calumnian. En eso dicen que son diferentes, pero son iguales”.

¿Diez millones de pesos? Es la cantidad  solicitada por Moreira con la que estima cubre la afrenta, pero cuál es el punto de referencia del juez para aplicar esa desorbitada cuanto ofensiva sanción.

¿Procede con justicia? Casualmente el tema de esta embestida contra Aguayo se encuadra en la enésima pretensión de acorralar, intimidar y perseguir a los periodistas en México. Por ello, le comparto el artículo que publiqué en este espacio de entresemana el 29 de agosto del año pasado.

Andrés Manuel López Obrador se deslinda de cualquier pretensión de amordazar a la prensa, de perseguir a los periodistas, mas deja abierta la puerta al fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien habría sido el autor de ese proyecto de reforma al sistema de justicia que, entre sus propuesta, entraña la remozada aspiración de censurar y criminalizar a la prensa, por lo menos ese tema se conoció de ese paquete cuya presentación fue pospuesta para el próximo 1 de febrero, cuando inicie el periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión.

Le comparto el artículo del 29 de agosto del año pasado con la pregunta:

¿Regular a la prensa?

“Seguramente al diputado federal petista Óscar González Yáñez lo desconocieron hasta en su casa, por haber hecho pública la pretensión de la bancada del Partido del Trabajo de impulsar una iniciativa de reforma para regular a los medios de comunicación y salvarlos de la malévola derecha que los quiere utilizar en los comicios intermedios de 2021 y los presidenciales de 2024.

“¡Ley Mordaza!, fue la expresión inmediata a la que fue una infidencia, porque el tema estaba en la agenda legislativa del PT pero con carácter privado, es decir, para discutirlo y evaluarlo a puerta cerrada y desecharlo de ser necesario, quemarlo o convertir el documento en confeti.

“Y es que, mire usted, el tema no es nuevo. La intención de controlar a la prensa, es decir, a periodistas y medios de comunicación data formalmente de finales de mediados del sexenio de José López Portillo, cuando entre septiembre de 1979 y febrero de 1980 se celebraron foros de consulta pública para legislar la regulación de medios de comunicación.

“Luis M. Farías presidía entonces la Cámara de Diputados y el profesor Enrique Olivares Santana era secretario de Gobernación y, la consecuencia de esa consulta fue que, en efecto, se requería legislar en la materia. Incluso hubo, entre otras conclusiones la relacionada con la obligación del estado mexicano de proporcionar información plural, amén de integrar la, postergada a la fecha, política de comunicación.

“El tema se fue a dormir en el archivo de las buenas intenciones, cuando el diputado Luis Marcelino Farías concluyó, en mayo de 1981, que no se encontraba la forma de reglamentar el derecho a la información.

“(Pero) El tema lo retomó el presidente Miguel de la Madrid en el Plan Nacional de Desarrollo y propuso reglamentar el derecho a la información y, en mayo de 1983 convocó al Foro de Consulta Popular sobre Comunicación Social, pero con un fin que se deslizaba entre lo perverso y justiciero de forma tal que entonces surge la denominada Ley Mordaza que fue combatida por reporteros, incluso con una marcha en la ciudad de México que incluyó un mitin en el Senado, acto en el que se colocó un esparadrapo a la estatua de don Belisario Domínguez y que provocó el llanto de una senadora priista mexiquense porque los malvados e irreverentes reporteros habíamos cometido una ofensa en contra del ilustre chiapaneco.

“Ya habrá tiempo para hablar largo y tendido de esta embestida que implicaba enmiendas legales que llevarían a prisión a los periodistas y la quiebra de empresas de comunicación.

“El otro intento fue en diciembre de 2017, cuando en la Cámara de Diputados se aprobó una reforma al Código Civil Federal en el que se considera hecho ilícito a la comunicación que se haga mediante cualquier medio, a una o más personas de un hecho cierto o falso “que pueda causar deshonra, descrédito, perjuicio o exponer al desprecio a alguien”.

“Pero, como hay una contradicción del artículo 1916 con el 1916 Bis, aplican criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de personajes públicos y malicia efectiva y, en fin, en tiempos recientes demandas que han sido interpuestas por esos delitos han prosperado pero a favor de los periodistas, por supuesto cuando no se trata de actos abiertamente difamatorios.

“Ha habido otros intentos, pero mientras no haya una política de comunicación social, los entes públicos que son las empresas de comunicación y los periodistas seguirán amparados por los supuestos de los artículos 6 y 7 constitucionales en materia de libertad de expresión.

“El caso es que la infidencia del diputado Óscar González Yáñez fue hecha de botepronto, sin explicación previa. Y de inmediato se habló de Ley Mordaza Región 4T porque el legislador involucró a Morena e incluso el coordinador de la diputación federal morenista, Mario Delgado Carrillo, estaba presente en esa reunión plenaria de la bancada del Partido del Trabajo, celebrada el martes pasado,

“Traemos nuestra agenda de medios. Si nosotros no regulamos a los medios de comunicación se van a convertir en el instrumento fundamental de la derecha en el 21 y en el 24. Solamente ganamos las elecciones, pero no hemos desmantelado los poderes fácticos. No los hemos regulado; ahí nosotros traemos una propuesta”, dijo González Yáñez y lejos de retractarse o no continuar con el tema, como se lo pidió el coordinador de la bancada petista, Reginaldo Sandoval, ha mantenido la propuesta, e insiste en que será iniciativa que presentará el PT en el próximo periodo ordinario de sesiones.

“Lo dicho, González Yáñez sorprendió a su propia bancada con esa polémica propuesta para regular a los medios de comunicación, en términos goebbelianos y de plano fascistas, porque si no los controla la derecha entonces ¿los controlará la izquierda?

“La propuesta fue desconocida por la Secretaría de Gobernación, la propia bancada del PT en el Congreso de la Unión y los partidos de oposición, especialmente diputados del PRI y su dirigencia encabezada por Alejandro Moreno.

“La pregunta obligada es ¿de parte de quién la propuesta? Óscar González Yáñez tiene fama de ser directo en los temas que trata, pero igual juega el papel oficioso en los que conciernen a las alianzas que, como en este caso con Morena, tienen un fin muy específico.

“Y, bueno, en las mañaneras el licenciado López Obrador ha impulsado un papel personalísimo de descalificar a los medios de comunicación y periodistas que lo critican o no comulgan con su estilo de gobernar. El objetivo indiscutible es mermar la credibilidad de medios de comunicación y de periodistas frente a la sociedad que entraña la opinión pública y, aún más, enfrentarlos en polos opuestos de aquellos que han ganado millonadas y los que perciben salarios miserables, explotados en empresas de comunicación cuyos dueños no son San Francisco de Asís.

“Puede ser simplista la consideración, pero ese mismo simplismo tiene un alto contenido de las estrategias tendentes a desactivar a uno de los principales contrapesos, o quizá el único de valor social, que es el de los periodistas y de los medios de comunicación, pese a que los llamados “grandes” o “nacionales”, que han comenzado a recibir porciones millonaria de las mieles del presupuesto de comunicación social del gobierno de la 4T, no son precisamente organizaciones o fundaciones de filántropos.

“¿Regular a los medios? A partir de la paráfrasis de Luis Marcelino Farías en 1981, preguntaría si ya le encontraron la cuadratura al círculo, que en ese tiempo no la encontraron para regular a la prensa. Digo”. Hasta aquí el texto de agosto de 2019. ¿Le creemos a López Obrador? El compromiso fue en vivo y a todo color en cadena de la televisión pública. Conste

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