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MOISÉS SÁNCHEZ LIMÓN

Esto de espiar a políticos, candidatos, dirigentes partidistas, periodistas y todo aquel ciudadano cuya actividad interese, incomode, preocupe o intrigue al gobierno federal en turno, no es juego de niños ni debiera sorprender, por más que incomode el hecho de que los espías de la policía política y sus jefes, altos mandos por supuesto, se enteren de nuestros asuntos privadísimos.

Por eso la advertencia a todo aquel que se lanza al ruedo en la bizarra aventura de sacrificarse por la patria en un cargo de elección popular, de que en campaña se pueden enterar de lo que no sabían de su vida privada, obra y milagros que suponían sellados en el baúl de lo irreconciliable.

Así que, ésta dizque denuncia del joven Ricardo Anaya Cortés, de que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) lo espía, tiene más elementos de una promoción hacia la victimización, para asumirse como el contrincante a vencer en los comicios del próximo 1 de julio.

Porque, Anaya Cortés conoce de estos asuntos del espionaje desde el poder público. No hace mucho denunció, recordará usted, que su teléfono celular estaba intervenido con un software comprado con recursos públicos, para espiar a los opositores del régimen. Igualmente, ese tema tuvo de nuevo sólo el equipo utilizado para otear en la vida privada de quienes interesan al gobierno.

Sin duda, es censurable y merece el rechazo generalizado este mecanismo. Pero, ¿procede una demanda penal contra las actividades de éste órgano dependiente de la Secretaría de Gobernación? La razón de ser de este Centro, creado en la entonces naciente administración de Carlos Salinas de Gortari, tiene fundamentos difícilmente combatibles en un juzgado.

¿Qué es el CISEN?, plantea el organismo en su página web. Y refiere:

“El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) es un órgano de inteligencia civil al servicio del Estado Mexicano cuyo propósito es generar inteligencia estratégica, táctica y operativa que permita preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, dar sustento a la gobernabilidad y fortalecer al Estado de Derecho.

“El papel del CISEN consiste en alertar y proponer medidas de prevención, disuasión, contención y neutralización de riesgos y amenazas que pretendan vulnerar el territorio, la soberanía, al orden constitucional, las libertades e instituciones democráticas de la población mexicana, así como el desarrollo económico, social y político del país”.

Por eso, porque la tarea de inteligencia, que para el caso es consecuencia del espionaje, no es un juego de niños, ¿por qué designar al frente del CISEN a quien evidentemente no tiene la experiencia en estos menesteres de seguridad nacional?

Leo una nota de la agencia apro, de fecha 11 de enero último, en la que refiere:

“Alberto Bazbaz Sacal, quien fue designado en la dirección del Centro de Investigación en Seguridad Nacional (Cisen), es uno de los artífices de la fracasada política de combate al lavado de dinero en México: entre 2013 y 2016, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que él dirigió hasta hoy, interpuso solamente 317 denuncias por presuntos hechos de lavado de dinero”.

“Informes recientes del Grupo de Acción Financiera (GAFI), de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y del gobierno federal mostraron que el gobierno mexicano deja operar con impunidad a los grupos criminales, los políticos corruptos, los evasores fiscales y los demás criminales de cuello blanco, como lo documenta la revista Proceso en su edición 2149 que circula esa semana.

“En 2016, por ejemplo, la Procuraduría General de la República (PGR) incautó 50 millones de dólares procedentes del lavado de dinero, apenas 0.1% de los 56.5 mil millones de dólares de dinero ilícito que cada año se genera en el país, según el gobierno federal.

“En este esquema deficiente, la UIF -que dirigió Bazbaz- juega un papel fundamental: esta unidad centraliza millones de reportes sobre transacciones bancarias sospechosas y tiene acceso a los datos fiscales de los mexicanos y las empresas, los registros de comercio exterior, los expedientes judiciales y la información corporativa, entre otros.

“Según el GAFI, la UIF tiene los “recursos y los conocimientos para recolectar y utilizar una gran variedad de inteligencia”, pero “la diseminación espontánea (de inteligencia) relativa al lavado de dinero y a otros delitos a la PGR es generalmente baja”. Hasta aquí lo publicado y, desde aquí la pregunta:

¿El papelazo hecho por “agentes” del CISEN, en Veracruz, con el caso Anaya Cortés, quedará con el despido y, de proceder, sanciones?

Es evidente que, en ese organismo se requiere la dirección de quien sepa y tenga experiencia en estos menesteres, si de seguridad nacional se trata, porque eso de espiar lo pretendieron aplicar a partir de un acuerdo que se quedó en lo privado y no derivó en protocolos que, incluso, pudieron haber dado certidumbre a Ricardo Anaya, de que se le custodiaba por elemental principio de cuidar su integridad.

¿Qué tal un atentado? Para prevenirlo sirve la tarea del CISEN. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida rechazó que se trate de un asunto de espionaje clandestino ni un hecho ilegal.

Y sostuvo que la operación del Cisen no se rige ni se va a regir por las coyunturas ajenas a la seguridad nacional.

Pero, por de pronto, el director general del CISEN, Alberto Bazbaz, demostró, en un mes en el cargo, que lo suyo no es esta responsabilidad. Y metió al gobierno en un aprieto político, porque no sólo Anaya tiene elementos para victimizarse e invocar que su contrincante, el PRI, está nervioso y le teme porque es puntero en la carrera presidencial. Conste.

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