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COLUMNA, NACIONAL, POLÍTICA

MOISÉS SÁNCHEZ LIMÓN

El pasado martes 23, el bachiller Marco Antonio Sánchez Flores desapareció en condiciones que no acaban de cuadrar y mucho menos los términos en que reapareció, amén de las interrogantes en torno a cómo sobrevivió durante cinco días.

Lamentable caso que puso en predicamento a una familia, que sólo recibió respuesta a su reclamo de que apareciera Marco Antonio con vida, cuando las redes y movilizaciones sociales elevaron la voz y urgieron justicia.

Se acusó a la autoridad policiaca capitalino de desaparecer al joven estudiante de la Preparatoria número 8, de la Universidad Nacional Autónoma de México, institución que, el domingo último sumó su voz de justicia a la de organizaciones sociales que convocaron a una movilización en torno a la columna de la Independencia.

La presión mediática y social tuvo efecto, tanto que el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, convocó a conferencia de prensa, a las ocho de la noche del domingo, para dar pormenores del caso del bachiller y deslindar responsabilidades.

El caso, empero, ya le había estallado a Mancera en las manos y, en tiempos electorales, su administración de filiación perredista ingresó, nuevamente, en el tobogán del descrédito y, sobre todo, éste en el que el abuso de la fuerza pública es aliado a actividades criminales.

Así, bajo presión, minutos después en la misma noche dominical, Mancera se plantó frente a los reporteros que esperaban más información relacionada con la desaparición y reaparición del bachiller Sánchez Flores, y anunció que el muchacho estaba localizado y sería entregado a sus padres, además de que se le sometería a exámenes psicológicos para determinar si estaba en condiciones de declarar.

De acuerdo con los detalles del asunto, el joven deambuló durante cinco días por calles colindantes de la delegación Azcapotzalco y del municipio de Tlalnepantla, Estado de México. Los policías que lo detuvieron el martes 23 declararon que lo habían dejado libre porque la parte que lo acusaba de robo, se ausentó del lugar de los hechos, en la estación El Rosario del Metrobús.

Polémicas declaraciones metieron ruido al caso. El joven reapareció pero con evidentes problemas mentales –¿consecuencia de una golpiza a manos de los policías que lo detuvieron?–. Muchas interrogantes hay en torno de este asunto que se significa porque otros, en condiciones similares, han quedado en la opacidad.

¿Recuerda usted aquella escena en Pachuca, Hidalgo, cuando ante el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong,  una afligida madre se hincó para pedirle ayuda y que su hija desaparecida fuera localizada con vida?

Y como por arte de magia, la hija apareció. ¿Fue por la presión mediática, porque la escena fue difundida en las redes sociales y era un momento político de suyo importante? No hay duda de que, cuando hay voluntad política y ganas de aplicar la ley, nada es imposible.

Precisamente, en ese escenario se ubica al bachiller que, de recuperarse del pasmo en el que lo vimos en esas imágenes divulgadas con vastedad– puede dar luz acerca de lo que ocurrió ese martes y los días subsecuentes, para que se aplique la ley sin presiones electoreras ni de abono política hacia una persona.

Y es que, mire usted, la versión es que este asunto fue una zancadilla para el jefe de Gobierno y, por ende, contra el Partido de la Revolución Democrática, para evidenciar el grado de inseguridad que priva en la capital del país y, de rebote, empedrar el camino a Alejandra Barrales.

No es descabellada la percepción, pero igual tiene todas las características de haberse convertido en centro del oportunismo político que, en tiempos electorales, tiene en estos casos a un caldo de cultivo que tiene olor a desprestigio y manipulación oportunista.

Por esos, el hecho de que Mikel Arriola Peñalosa, precandidato del PRI a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, haya pedido mesura y no politizar a la desaparición del joven preparatoriano, tiene un importante significado porque alerta respecto de la politización y el uso electoral de una desaparición que tiene muchas interrogantes.

Nunca tendrá valor político aprovecharse de una tragedia familiar, como implica la de perder un hijo.

Más temprano que tarde se aclararán las condiciones en que desapareció Sánchez Flores y cómo reapareció con evidente daño mental. Y más vale que los precandidatos dejen de colgarse de asuntos de esta naturaleza, es decir, de tragedias familiares para allegarse votos. Eso no es ética ni moralmente aceptable.

Hoy, en efecto, es tiempo de oportunistas. Pero medrar electoralmente con la desgracia humana carece de nombre. Conste.

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