ENTRESEMANA: TRANSAS
Moisés Sánchez Limón
¿Por qué líderes sindicales y partidistas tardaron tanto en aceptar ser fiscalizados y transparentar sus gastos?
Desde el año 2000, cuando ciudadanos y legisladores impulsaron la obligada transparencia de entes públicos, que devino en la creación del hoy Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), hubo resistencias de políticos cuyos estancos de poder están en las organizaciones sindicales y los partidos.
Finalmente, esta nueva reforma que incluyó el cambio de denominación del IFAI a INAI, abrió la caja de pandora e incorporó a todos los entes que reciben recursos públicos, lo mismo empresas privadas que sindicatos federalizados o llamados independientes, al factor obligación en la entrega de información a quien la solicite.
Cuánto perciben mediante prerrogativas y de otras fuentes los partidos políticos y cómo y en qué las gastan, son sensibles de ser abiertas al requerimiento de cualquier ciudadano, mediante los cauces legales previstos por el INAI. En similar tesitura se encuentran los sindicatos e incluso organizaciones no gubernamentales que reciben aportaciones, vía donaciones, provenientes de fuentes públicas.
Pero, vaya, en esta ocasión no fue precisamente la solicitud de un ciudadano la que evidenció que los, llamémosle así, malos manejos de recursos públicos no han sido superados, salvo en el discurso, por los partidos políticos.
Mire usted. A partir de la revisión de los gastos de los partidos políticos en 2015, la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) propuso sanciones por 142 millones de pesos para los comités ejecutivos nacionales y 369 millones de pesos para sus representaciones estatales, además de 9 millones de pesos para las representaciones políticas con registro local, que suman 520 millones de pesos.
¿Qué destino, de carácter social, por supuesto, puede darse a 520 millones de pesos? Escuelas, hospitales, centros de salud, becas para estudiantes de escasos recursos. Es una respetable cantidad que los institutos políticos deben pagar en carácter de multas por procederes poco claros.
La Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) revisó 360 informes anuales del 2015 de los partidos políticos con registro nacional y con registro local, en 16 entidades federativas, se detectaron omisiones e irregularidades en la fiscalización de los informes presentados por éstos, correspondientes al ejercicio 2015.
Se revisó la friolera de 12 mil 9 millones de pesos por concepto de ingresos y 11 mil 161 millones de egresos que los partidos registraron en este periodo. Omisiones e irregularidades encontradas en la fiscalización de los informes, serán presentadas al pleno del consejo general del INE en su sesión del próximo 14 de diciembre, pero de antemano la Comisión de Fiscalización del Instituto, en sesión permanente celebrada los días 21, 22 y 28 de noviembre, discutió y aprobó los dictámenes y sus resoluciones, tanto de los partidos políticos nacionales y acreditados en las entidades federativas, como de los partidos políticos con registro local.
El asunto no es para menos. Se revisaron360 informes anuales, de los cuales 329 corresponden a los comités ejecutivos nacionales y estatales de los partidos políticos con registro nacional y 31 a los partidos políticos con registro local en 16 entidades federativas.
Los dictámenes contienen 3 mil 910 conclusiones respecto de cuentas de balance, ingresos, egresos, actividades específicas y liderazgo político de las mujeres, comités directivos estatales o su equivalente, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, verificación de límites de aportaciones, entre otros conceptos.
La fiscalización, refiere el INE, “responde a la necesidad de adecuar los estándares de revisión y los criterios de sanción que involucran cada peso empleado por los institutos políticos, para cumplir con los fines constitucionales que tienen encomendados”. En buen romance, esta revisión evidenció que la corrupción, la transa, siguen como parte del ADN en dirigentes políticos.
¿Pagarán las multas? Júrelo que pondrán el grito en el cielo y harán hasta lo imposible para no pagar. Justificarán y repartirán culpas. Pero ahí está la evidencia del ¿mal manejo financiero? ¿Son transas? Digo.
VIERNES. La comparecencia de Gerardo Ruiz Esparza en San Lázaro dejó en claro que el diálogo parlamentario puede darse en un marco de respeto. Sin duda, le fue muy bien al secretario de Comunicaciones y Transportes y a su equipo de trabajo, que se llevó un reconocimiento unánime de las fracciones parlamentarias por el trabajo desempeñado, visible mediante el Programa Nacional de Infraestructura, y por su disposición a atender requerimientos informativos de los diputados.
A preguntas puntuales de los legisladores, Ruiz Esparza ofreció respuestas concretas acerca de los asuntos que coordina la dependencia. Zanjadas quedaron las dudas sobre el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, el relanzamiento de los trenes de pasajeros, el asunto de los dobles remolques, la Reforma de Telecomunicaciones y la Red Compartida, y las más de once mil 700 licitaciones que se han convocado y aterrizado en lo que va de la presente administración, entre otros.
Un resumen de los logros que convenció a los representantes populares. En correspondencia al reconocimiento cameral a su dependencia, Ruiz Esparza se comprometió a atender permanentemente a los congresistas, en sus oficinas de Universidad y Xola.
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