ESCAÑO ABIERTO / EL CARBONGATE DE MORENA @arturozamora @CNOPNacional #MartesDeColumnas @PRI_Nacional
El conflicto de interés o “amiguismo” en que incurre el senador de Morena por Coahuila, Armando Guadiana Tijerina, con la compra de emergencia de 400 mil toneladas de carbón por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) constata la doble moral de esta fuerza política y el retroceso en las políticas públicas del
nuevo gobierno.
Por más que el senador declare que no tiene más conflicto de interés que “pagar impuestos cada día a los gobiernos federal y estatales” (seguramente, sin razón), la revista Proceso documentó que posee dos empresas dedicadas a la exploración de hidrocarburos y que otras cuatro tienen convenios con la Comisión Nacional de Hidrocarburos, los cuales amparan 40 solicitudes de extracción de gas de carbón para suministrarlo a la Comisión Federal de Electricidad.
Lo más grave es que la referida “compra de emergencia” de carbón fue precedida por la cancelación, el pasado 30 de enero, de la licitación de dos megalíneas de transmisión de corriente directa de alta tensión, provenientes de energías limpias.
Se trata de proyectos de infraestructura eléctrica con inversiones por 3,300 millones de dólares que abastecerían a la Ciudad de México y a los estados de México, Morelos, Oaxaca, Puebla y Veracruz, con la línea Yautepec-Ixtepec, y de la que interconectaría a Baja California con el resto del país y que ahora seguirá aislado con sus dos geotermoeléctricas desaprovechadas.
A consecuencia de esta medida (una más, luego de la suspensión del nuevo aeropuerto en Texcoco), quedan en vilo 200 nuevas centrales de energía, incluyendo 10 eólicas, 13 solares, 7 hidroeléctricas y una de biomasa, y la participación de 32 empresas globales líderes en tecnologías limpias.
Para el senador Guadiana, sin embargo, “las energías limpias no van a resolver el problema, porque no generan potencia” (sic) y asegura que, en breve, se comprará un millón 100 toneladas de carbón más, hasta llegar a dos millones 700 cada año, además de impulsar la construcción de una carboeléctrica en su estado, con inversión privada.
Este episodio ha sido causa de contradicciones en el gabinete federal, pues la secretaria de Energía, Rocío Nahle, aseguró que “el uso del carbón no es nuestra política de Estado” en materia energética, con lo cual revela su desconocimiento, o bien su anuencia ante un posible conflicto de interés.
El gobierno federal también falta a la promesa del Ejecutivo federal de separar el poder político del poder económico y convierte a sus cercanos en los empresarios consentidos de su administración, inhibe la inversión privada y falta al compromiso internacional de reducir las emisiones de carbón que aceleran el cambio climático.
Tan grave como el probable conflicto de interés, es la política energética equivocada y sus altos costos económicos, ambientales y sociales. Bajo la premisa de que no hay una ilegalidad de por medio, se incurre en actos inmorales.
