ESCAÑO ABIERTO / LA AGENDA ANTICORRUPCIÓN, COMPROMISO Y CONGRUENCIA @arturozamora @CNOPNacional #MartesDeColumnas

De pronto las campañas políticas de las oposiciones parecen despegarse de la realidad, ser ajenas al curso de los acontecimientos nacionales e ignorar lo que se está haciendo con enormes esfuerzos a nivel institucional, como si dependiera del arbitrio de algunos precandidatos cancelar de un plumazo procesos trascendentales que atienden una demanda urgente de la sociedad.

Tal es el caso de los procesos legislativos derivados de las reformas constitucionales y de la legislación secundaria para combatir la corrupción, decisión tomada en el ámbito parlamentario con el apoyo del Ejecutivo federal, que tiene pendiente, entre otras, la obligación de los legisladores de resolver los nombramientos necesarios para terminar de integrar el Sistema Nacional Anticorrupción.

Al concluir la Sexta Ronda de negociaciones del TLCAN, y como resultado de importantes acuerdos en materia anticorrupción, las dirigencias empresariales demandaron el pronto nombramiento del fiscal especializado en labores anticorrupción, de los magistrados especializados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa e impulsar la operación de los sistemas estatales correspondientes.

En congruencia con lo anterior y con el posicionamiento del Presidente de la República, los grupos parlamentarios del PRI y del PVEM en el Senado acordaron en su reunión plenaria correspondiente al inicio de los trabajos del segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de la LXIII Legislatura, una agenda legislativa muy clara en estos asuntos.

En presencia del presidente nacional del PRI, el doctor Enrique Ochoa Reza, y de la secretaria general, Claudia Ruiz Massieu, el senador Emilio Gamboa Patrónasumió el compromiso de los senadores del PRI y del PVEM de hacer suyas y promover las reformas propuestas por el precandidato José Antonio Meade Kuribreña para establecer la obligación de demostrar el origen lícito del patrimonio de los servidores públicos, aumentar las penas y sanciones administrativas por hechos de corrupción y para que los funcionarios públicos de nivel superior y los legisladores federales certifiquen el origen de su patrimonio correspondiente a los cinco años previos a la ocupación de su cargo.

Se adoptó también el compromiso de expedir la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y de resolver los nombramientos del fiscal general de la República, del fiscal Anticorrupción y de los 18 magistrados especializados en anticorrupción del Tribunal Superior de Justicia Administrativa.

A contracorriente de lo anterior y en un reiterado desprecio al orden constitucional e institucional, la semana pasada el dueño de Morena, el señor López, presentó a la sociedad y ante los medios de comunicación sus ternas para ocupar tales cargos, con lo cual ignora que justamente el sentido del régimen jurídico del Sistema Nacional Anticorrupción es trasladar esta competencia al Poder Legislativo, con la participación de la sociedad civil.

Si examinamos el perfil profesional y los vínculos personales y partidistas de las personas propuestas por el señor López, el asunto se vuelve inquietante, por cuanto revelan los propósitos regresivos, autoritarios y antidemocráticos de quien resulta ser una anomalía política y una amenaza para la vida institucional del país.

México requiere de una clase política con altura de miras que anteponga el interés general sobre la ambición personal de poder. Tenemos la responsabilidad como ciudadanos de analizar estos hechos, denunciarlos y, en su momento, tomar una decisión con base en lo que más conviene a la nación.

                *Secretario general de la CNOP.

*Esta columna se publica todos los martes en www.excelsior.com.mx