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• Resulta un contrasentido que se señale a la PF y, al mismo tiempo, se le invite a formar parte de la GN.

El conflicto que enfrenta actualmente el gobierno federal con un amplio número de elementos de la Policía Federal pinta de cuerpo entero a una administración que se caracteriza por la ineptitud, la ilegalidad y el autoritarismo, al minimizar problemas que los rebasan, violar de forma sistemática la ley e ignorar a las voces de especialistas y expertos sólo porque no coinciden con la visión del gobierno.

Ningún mexicano, incluidas las oposiciones, desearía que el gobierno fracasara en uno de los temas que más lastiman a nuestra sociedad, por ello, en el Congreso de la Unión se actuó con visión de Estado y todos los grupos parlamentarios aportaron en el diseño de una nueva corporación que atienda el reto de devolver a los mexicanos su seguridad y tranquilidad. De igual forma, los gobiernos de los estados, que manifestaron en el Consejo Nacional de Seguridad Pública su respaldo al Presidente, han puesto su voluntad para coordinar en sus territorios el despliegue de la Guardia Nacional.

Acusar a la Policía Federal de corrupta y de que no está a la altura de lo que se necesita es hacer a un lado un eslabón crítico de la cadena de políticas y medidas que son necesarias para resolver el tema de la violencia. Es un error y un despropósito, pues no será politizando y desacreditando un conflicto laboral como se podrá avanzar en la solución del problema. Además, resulta un contrasentido que se les señale y, al mismo tiempo, se les invite a formar parte de la Guardia Nacional.

La legítima resistencia y las razonables objeciones que han presentado un buen número de elementos de la Policía Federal a su integración incondicional a la Guardia Nacional se incubaron desde que el Presidente estaba en campaña, pasando por la transición y los primeros meses de gobierno.

Hay que tener un total desprecio por la institucionalidad, las reglas básicas de la administración pública y el régimen laboral de las corporaciones de seguridad para suponer que el traspaso de sus elementos, de una corporación a otra, podía darse sin respetar los derechos adquiridos y en condiciones desventajosas.

Es cierto que hay algunas demandas de parte de los expolicías federales difícilmente procesables, por la salud del futuro cuerpo de la Guardia Nacional, pero las más son razonables y absolutamente lógicas en una relación laboral: derechos adquiridos por antigüedad, estabilidad del salario y condiciones dignas de trabajo, claridad en la estructura de mando y, en este caso, garantía del carácter civil de los mandos y la organización a la que se suman —como establece la reforma constitucional—.

Desde luego, en la Policía Federal hubo casos de corrupción o faltas diversas, disciplinarias o de abuso de autoridad. Esto ocurre en toda organización, ya no digamos en una tan numerosa y cercana a materias de alto riesgo, esferas corruptoras y expertas en la infiltración de las fuerzas de seguridad pública.

Todo esto ocurre cuando vivimos los meses de mayor violencia e inseguridad en el país (84 homicidios dolosos al día, contando y creciendo) y gran parte de los efectivos de la Guardia Nacional está dedicada a atender asuntos migratorios en las fronteras sur y norte de la República, mientras otros ocupan de manera ilegal instalaciones estratégicas.

Entretanto, el gobierno ha optado por hacer de este litigio un tema político e inventa enemigos que justifiquen sus errores. Esta vez, sin embargo, juega con la seguridad pública, la vida y el patrimonio de los mexicanos y corre el riesgo de provocar una crisis de Estado.

* Secretario general del CEN del PRI.