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COLUMNA, NACIONAL, POLÍTICA

Los días posteriores al desafortunado anuncio de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) y la turbulencia financiera que siguió hacen prever un estilo autoritario de gobierno y una evidente dificultad para comprender y enfrentar los complejos retos del país.

La administración entrante intentó controlar los daños del “lunes negro” en los mercados financieros y en la confianza de inversionistas y ciudadanos. El ejercicio resultó infructuoso, pues los costos son tangibles y medibles, el daño está hecho y es un pésimo presagio que confirma los riesgos para la economía del país.
Cabe hacer un recuento objetivo, evaluar los daños y visualizar las perspectivas inmediatas, así como la necesidad de activar los contrapesos institucionales y políticos para prevenir un desenlace que todos lamentaríamos.

La depreciación del peso fue inmediata (5%), así como las pérdidas en el mercado accionario (17.5 mm usd) para las empresas involucradas en el NAIM y la elevación del costo en el servicio de la deuda externa, de los bonos mexicanos y las tasas de crédito internacional.

A lo largo de la semana, las calificadoras elevaron sus estimaciones del riesgo país, llamaron la atención sobre el costo fiscal de las inversiones petroleras que anunció el nuevo gobierno y expresaron su preocupación por la posibilidad de cambios de orden constitucional justificados por una “consulta popular”.

La incertidumbre que generó el sondeo y la decisión adoptada no sólo es preocupante para las inversiones, sino que, además, muestra la disposición del próximo gobierno a ignorar la Constitución, las leyes y el orden institucional.

El intento de estabilización comenzó por difundir una reunión de AMLO con representantes de sólo dos de las decenas de empresas nacionales involucradas en el NAIM, con el propósito de demostrar que mantienen su confianza.

Nada frente al tamaño del desconcierto en el sector financiero y productivo, además de la penosa situación ante la comunidad diplomática por el desmentido del gobierno francés de avalar el proyecto del aeropuerto alterno.

Enseguida, desde la Cámara de Diputados, el líder parlamentario de Morena difundió una estrategia de 10 puntos, entre los que destaca el compromiso de no volver a hacer consultas populares, así como la filtración de que no seguirán adelante con la iniciativa de ley que proponía la “sectorización” de los órganos autónomos de regulación en materia energética, un mero subterfugio para despojarlos de su autonomía constitucional.

Se anunció, igualmente, una versión preliminar del presupuesto de la Federación para 2019 con el propósito de apuntalar el compromiso de la nueva administración con la estabilidad macroeconómica. Fue insuficiente, si no es que contraproducente, por contrariar al federalismo e incumplir con sus promesas, por más que AMLO declare que alcanzará para financiar todos sus proyectos.

Tampoco pasó inadvertida la filtración, luego de postergada su presentación, de algunos elementos de la estrategia de seguridad pública que no transmiten conocimiento, congruencia ni certidumbre.

En suma, el balance de la semana anterior es muy preocupante, pues refleja una carencia absoluta de planeación estratégica y de capacidad para cumplir sus objetivos, un desprecio de los mercados que revela impericia o negligencia ante los costos financieros y los daños a la confianza ocasionados, así como una disposición a violentar el marco jurídico e institucional.
Todo esto confirma que para preservar la democracia necesitamos controles constitucionales del poder y poderes públicos plurales y autónomos.

*Secretario general del CEN del PRI.

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