ESCAÑO ABIERTO / ¿REUBICACIÓN BUROCRÁTICA O DESCENTRALIZACIÓN FEDERALISTA? @arturozamora @CNOPNacional #MartesDeColumnas
Uno de los puntos más controvertidos entre las intenciones de gobierno del virtual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es el de “descentralizar” a muy distintas y distantes ciudades de la República las oficinas generales de secretarías, dependencias y organismos de la administración pública federal.
No vamos a repetir aquí argumentos expuestos por los más serios expertos en ciencias administrativas, económicas y de gobierno, que van del escepticismo, al abierto cuestionamiento a la racionalidad y viabilidad de la medida.
En la dimensión social y humana que nos interesa abordar aquí, resulta sumamente relevante la postura del secretario general de los trabajadores al servicio del Estado, FSTSE, licenciado Joel Ayala Almeida, quien ha planteado firmemente que, primero, deben ofrecerse condiciones de vivienda, servicios, transporte, educación, salud y, desde luego, seguridad laboral a los trabajadores.
Preocupa el hecho de que muchas familias subsisten gracias a la doble jornada de la cabeza de familia o de su pareja, sea en la propia burocracia en horarios alternos, en el sector privado o en el autoempleo; la dificultad para inscribir a sus hijos en escuelas equiparables; así como la imposibilidad de sustituir su vivienda, hipotecada ante el FOVISSSTE.
No puede ignorarse tampoco el temor fundado a mudarse a entidades agobiadas por la delincuencia organizada y la inseguridad, igual que a ver afectados sus derechos laborales o su empleo, algo que se ha mencionado de manera velada.
Trasladar las oficinas, servidores públicos, mobiliario, sistemas, documentación y procedimientos de la capital de la República a decenas de centros de población de la geografía nacional no es, siquiera, una desconcentración, menos una auténtica descentralización.
La desconcentración administrativa es un proceso en el que se crea un órgano con relativa autonomía funcional, pero sujeto jerárquica y presupuestalmente a la entidad central. No supone el cambio físico, y si éste ocurre, conlleva un ejercicio largo y costoso.
La verdadera descentralización es un proceso que supone transferir poderes, facultades, competencias y recursos del gobierno central/federal a estados y municipios. En un sistema federal como el nuestro, ello requiere de reformas constitucionales y diversas leyes secundarias, como la de coordinación fiscal.
Sin duda, uno de los grandes pendientes de nuestro sistema federal es avanzar a una sólida descentralización que fortalezca a los estados y municipios, los gobiernos que son más cercanos a la ciudadanía.
La pura mudanza de aparatos burocráticos va a hacer aún más ineficiente la gestión pública, que requiere coordinación, transversalidad, interinstitucionalidad y colaboración en gabinetes; y va a encarecer la operación administrativa ante la inercia centralista que llevaría a la duplicación de estructuras o la creación de “oficinas alternas” para los titulares.
Se provocarían, además, serios problemas a las ciudades elegidas para reubicar burocracia pura y dura, y se afectaría la vida de millones de servidores públicos, poniendo en riesgo la productividad y competitividad nacional y el bienestar de la población.
El último proceso exitoso descentralizador que se llevó a cabo en el país fue en materia educativa. Los países con mayores niveles de desarrollo son altamente descentralizados, tanto en el otorgamiento de mayores competencias como en la distribución de los recursos.
Si lo que desea el futuro gobierno es fortalecer al federalismo mexicano, habría que avanzar en la dirección correcta.
*Secretario General de la CNOP.
*Esta columna se publica en www.excelsior.com.mx
