GIEl YA NO TIENE MÁS QUE HACER EN MÉXICO; Segob
México informó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que no solicitará una nueva ampliación al mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investiga la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y que concluye el próximo 30 de abril.
En Washington, el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Roberto Campa, dijo que ha transcurrido “un tiempo suficiente”, un poco más de un año, de trabajo de los expertos y que “es tiempo de que el grupo presente las conclusiones y recomendaciones al Estado”.
Señaló que el esquema de asistencia acordado por el gobierno mexicano y el organismo “siempre fue temporal.
Añadió que aún no está resuelto si el grupo de expertos compartirá con el Estado sus recomendaciones antes de su presentación pública prevista para el domingo 24 de abril en México.
Por su parte el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CDIH), James Cavallaro, confirmó en una nota que la delegación del gobierno de México les comunicó que no quieren que se renueve el mandato del GIEI.
Recordó que en contraparte los familiares de los desaparecidos le piden que el grupo siga con su labor y los comisionados por lo que los comisionados estudian la petición de los familiares de que se renueve el mandato hasta saber la verdad de los hechos.
Cavallaro informó que tras reunirse con todas las partes involucradas en el caso, el organismo internacional “se encuentra estudiando los insumos recibidos a fin de tomar su decisión sobre la extensión del mandato del GIEI”.
Adelantó que la CIDH espera participar en la reunión que tendrá lugar en Ciudad de México con el GIEI, el Estado mexicano, y los familiares de los estudiantes y sus representantes el próximo 24 de abril, previo a la presentación del informe final.
Entre los asistentes a la reunión estuvieron el Subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Roberto Campa; el Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, Miguel Ruiz Cabañas así como el subprocurador de Derechos Humanos, Eber Betanzos.
