GRAVE, QUE EL PRESIDENTE NO CONDENE VIOLACIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS POR PRIORIZAR SUS INTERESES POLÍTICOS CON LAS IGLESIAS: @juarezvero @DiputadosPRD64 @PRDMexico @Mx_Diputados
PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO, CDMX, MX.- La Coordinadora del GPPRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez Piña, demandó al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no evadir su responsabilidad en torno al problema de la pederastia en las iglesias y actuar según sus facultades legales para sancionar y prevenir más casos.
La dirigente perredista consideró “lamentable” la declaración del mandatario en el sentido de que no quería “politizar” sobre el reconocimiento de la congregación católica “Legionarios de Cristo” de que su fundador, Marcial Maciel, abusó sexualmente de decenas de infantes y adolescentes durante su custodia, pues la postura del mandatario debiera ser conforme a las facultades y obligaciones de su cargo, no de evasivas.
Cuestionado en su primera conferencia de prensa mañanera del año sobre este Informe, López Obrador llegó a decir que no conviene que “el Presidente de México trate estos asuntos” porque debe mantener una buena relación con todas las iglesias, las que como tales tienen los mismos derechos.
Juárez Piña dijo que nadie pidió ni pide al Presidente “politizar” el tema, así como tampoco violentar los derechos de las iglesias ni las “buenas relaciones” con ellas, pero tampoco él debe confundir las cosas de manera tan lamentable, menos cuando están de por medio los derechos de la niñez.
Lo responsabilizó incluso de politizar –él sí- él tema al priorizar políticamente sus “buenas relaciones” con las iglesias y los derechos de éstas por encima de los derechos de la infancia y la adolescencia, y por encima de sus propias obligaciones como Jefe del Estado Laico Mexicano.
Reconoció que, en efecto, corresponde al Ministerio Público, actualmente autónomo respecto al Ejecutivo, actuar penalmente contra los pederastas, sean o no de religión alguna, pero aclaró que el Ejecutivo tiene muchas otras facultades y responsabilidades para proceder contra los abusadores y sus encubridores, y más todavía para prevenir y evitar otros casos.
La Constitución; la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; las Leyes Generales de Salud, y de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, y la Ley de Asistencia Social, entre muchas otras, establecen claramente las facultades y obligaciones de diversas instancias de los gobiernos en torno a este asunto, tanto para sancionar a grupos como “Legionarios de Cristo” a fin de evitar la impunidad, como para prevenir más agresiones.
Juárez Piña llamó al Gobierno Federal y a los gobiernos estatales a no hacerse los desentendidos o ignorantes sobre el hecho de que hoy hay miles de niñas, niños y adolescentes en custodia de instituciones de diverso tipo, incluidas religiosas, expuestos a potenciales agresiones y violaciones de todo tipo a sus derechos, y que las instituciones de gobierno deben actuar para proteger.
Las estadísticas, aun cuando insuficientes y aun cuando ponen de manifiesto la labor humanitaria de muchas de esas instituciones, también dejan al descubierto las omisiones e incumplimientos del mismo Gobierno para proteger a los infantes que ahí se alberga o custodia cuando sus derechos son violados.
Juárez Piña destacó que al momento no hay siquiera, por ejemplo, una base de datos actualizada sobre cuántos orfanatos u albergues para menores hay en el país y quiénes los administran, por lo que igualmente no hay un control sobre ellos. Sin embargo, hay versiones de que muchos carecen de supervisión y que en su interior se violan los derechos de sus indefensos huéspedes.
Algunas fuentes, como el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), reportaron 28 mil de estos huéspedes en 2005 y 18 mil en 2011, mientras el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) censó 879 casas-hogar con 25 mil 667 residentes en 2015. Eran administradas por instituciones de diverso tipo, incluidas religiosas, de las cuales 57% recibía financiamiento público.
La Red Por los Derechos de la Infancia reportó en abril de 2018 que más de 30 mil menores habitaban en orfanatos y que había otros 29 mil sin cuidados familiares ni institucionales.
Por otra parte, el Colectivo Contra el Maltrato y Abuso Sexual Infantil afirmó que miles de niñas y niños son víctimas de este tipo de agravios cada año, la gran mayoría de los cuales permanecen en el anonimato y la impunidad, lo que a su vez propiciaba la reproducción de los ilícitos.
El aumento en el número de estos ilícitos lo deja al descubierto el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual reportó mil 996 denuncias por corrupción de menores de enero a noviembre del año pasado, 8.5% más respecto al 2018.
La dirigente del PRD en San Lázaro aceptó que estas cifras son insuficientes y desactualizadas, pero agregó que precisamente ello habla de la necesidad de que gobiernos como el de López Obrador hagan su trabajo, realicen un censo integral, sometan a control a este tipo de albergues, dejen de privilegiar sus intereses políticos y sus “buenas relaciones” con quienes los administran –incluidas las jerarquías eclesiásticas- y protejan a los infantes y adolescentes.
