GUARDIA NO GARANTIZA PACIFICACIÓN : ONG
CIUDAD DE MEXICO .- La creación de una Guardia Nacional, con jerarquía, estructura y personal militar, no garantiza la pacificación del País y, por el contrario, implica el riesgo de sumar más violaciones a los derechos humanos, advirtió México Evalúa.
Los resultados obtenidos en los últimos dos sexenios, en los que se apostó por una despliegue importante de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, expuso la ONG, son la evidencia de que esa estrategia no ha funcionado.
“Tanto los resultados de las estrategias de seguridad de los dos sexenios anteriores, incluido el que está por concluir, como la evidencia que arrojan estudios tanto nacionales como internacionales, parecen advertir que la ruta planteada por la próxima Administración federal no nos llevará a la pacificación del País”, señaló.
“Al contrario, implica un fuerte riesgo de sumar más violaciones de derechos humanos, profundizar el debilitamiento de nuestras instituciones policiales y acelerar la pérdida del control civil de la principal tarea del Estado: la preservación de la seguridad de sus habitantes”.
El miércoles, el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer el Plan de Paz y Seguridad 2018-2024, que entre otras medidas contempla la creación de una Guardia Nacional de 50 mil elementos, que será conformada con personal del Ejército, de la Armada y de la Policía Federal, que estará bajo el mando del Secretario de la Defensa y cuya organización y disciplina será castrense.
Este plan, resaltó México Evalúa, contrasta con la decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de declarar inválida la Ley de Seguridad Interior, una norma que perpetuaba la presencia de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad pública.
“Vemos también un riesgo importante en la anunciada intención de modificar el Artículo 76 constitucional para facultar al Senado a crear la Guardia Nacional y quitar el candado que impedía a las Fuerzas Armadas intervenir en seguridad pública”, resaltó.
La militarización de las tareas de seguridad pública, expuso la ONG, lo que deja ver es que se está privilegiando una visión de combate al crimen organizado y se deja de lado la atención a la delincuencia del fuero común, que es la que más afecta a los ciudadanos.
También, consideró, implica una visión centralista de atención al fenómeno, pues se crearán consejos estatales y se dividirá al País en 266 coordinaciones de seguridad, amenazando con ello a la autonomía y la soberanía de los estados.
“En el corazón del debate se encuentra la preocupación por una estrategia que parece ignorar las necesidades locales, ofreciendo ‘soluciones’ desde arriba que replican la agotada fórmula de la militarización de labores de seguridad pública”, destacó.
El plan, reconoció la ONG, contiene algunos aspectos positivos, como son el dignificar las condiciones de las personas en prisión, elevar los salarios de los agentes del Ministerio Público y los policías, así como imponer sanciones a quienes incumplan con las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
