HERIBERTO M. GALINDO QUIÑONES: LA LEY MEADE CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD

CIUDAD DE MÉXICO.- El abanderado del PRI a la Presidencia de la República ha dado un giro a las precampañas al colocar en el centro del discurso los compromisos programáticos. La llamada “Ley Meade” contra la corrupción y la impunidad, es una iniciativa emblemática que combina la definición política estratégica y el sustento legal de cambios a impulsar, que van mucho más allá de proclamas discursivas y mediáticas, y de arengas de perdón y olvido, que es lo que sería una amnistía.

José Antonio Meade coloca, con seriedad,  a la corrupción y a la impunidad como los problemas principales de la agenda nacional y, al deslindarse de los corruptos y de los corruptores, toma un compromiso de cumplimiento inmediato al impulsar, por mediación de los partidos aliados en la Coalición Todos por México, una iniciativa de ley y de reformas, que permitan legalmente la expropiación de todos los bienes de los personajes corruptos, y su reintegración al patrimonio nacional. Propondrá, también, penas máximas a las y los funcionarios o servidores públicos corrompidos y a los agentes corruptores, con cárcel inconmutable.

La idea es ir al fondo del problema; pero donde se encuentra la miga programática de la “Ley Meade” es en el establecimiento de la certificación patrimonial obligatoria, porque en ella se reconocerá que el combate a la corrupción no es sólo –aunque pasa por ahí—cuestión de policías, de leyes, penas y castigos. Al lanzar la iniciativa de certificar el patrimonio de funcionarios y proveedores del gobierno, se infiere que se requieren nuevas instituciones, que nazcan sanas y detonen una autentica renovación integral de la República, basada primeramente en la educación formal e informal y en la familia, y en la práctica, dicho coloquialmente, se requiere de un “barrido de arriba hacia abajo,” pues la sociedad ya no aguanta ni tolera más.

En efecto, la falla histórica de nuestra prolongada lucha contra la corrupción es que no hemos construido las nuevas instituciones capaces de investigar, documentar, perseguir, probar y juzgar las innumerables variantes de la corrupción en los asuntos públicos. Hablamos, desde luego, de las instituciones que no se edificaron para consolidar la transición democrática, y que ocasionaron, por omisión o por discrecionalidad, la obsolescencia del Poder Judicial, concebido para un país autoritario y piramidal que ya no existe.

México necesita un sacudimiento integral, una ruptura y un nuevo punto de partida. El hilo se rompe por la corrupción y por la impunidad, los dos grandes motores de disolución del estado de derecho. Acabar con ambas lacras supone nuevos canales permanentes de relación social, nuevas instituciones republicanas, que edifiquen el estado de derecho del siglo XXI. Esto significará diseñar y ejecutar buenas políticas públicas de acción inmediata.

Es un privilegio ser testigo de la gestación y de la prefiguración de lo que será la “Ley Meade”, y de lo que ella implicará para un país cansado por tanto abuso y tanta impunidad.

Tengo muy claro que el camino será largo, arduo y difícil, y por ello las definiciones tienen que ser muy firmes, contundentes, sin temor alguno a los intereses creados y a los poderes fácticos que tanto han corroído a la nación.