HERIDA SIGUE SANGRANDO : COMITÉ 68
CIUDAD DE MEXICO .- A nombre del Comité del 68, Félix Hernández Gamundi, ex integrante del Consejo Nacional de Huelga, reclamó justicia y terminar con la impunidad por lo acontecido hace 50 años.
“Estamos aquí para seguir reclamando justicia por los crímenes que el Estado asestó en el corazón de la juventud mexicana y que hoy 50 años después sigue impune”, expresó en sesión solemne en la Cámara de Diputados.
“La herida que corroe el alma y la memoria y una generación entera conmueve a la sociedad porque esa herida está abierta y sigue sangrando. A pesar de todos nuestros esfuerzos, las víctimas de la violencia del Estado se siguen sumando, los padres lloran a sus hijos y la patria se llena de vergüenza y de horror”.
En tribuna, luego que se develó en el Muro de Honor la leyenda “Al Movimiento Estudiantil de 1968”, dijo que a 50 años de la matanza, aseveró que el Comité sigue comprometido con la lucha por la memoria, la justicia, la reparación del daño y el acompañamiento a las víctimas y familiares.
“Hoy, exigimos la presentación con vida de los 43 jóvenes de Ayotzinapa y castigo a los agresores. Nos sumamos al ímpetu de los jóvenes que luchan contra el porrismo y claman por el fin de los juvenicidios en México”, citó el ex representante de la ESIME, del IPN.
Aseveró que los ex líderes del 68 están conscientes de que su reclamo de justicia contra ese crimen de lesa humanidad marca un hito en la historia, pues fue posible avanzar hacia el reconocimiento de que los crímenes de Estado no prescriban.
“El ex Presidente Díaz Ordaz y el entonces jefe político de México, Luis Echeverría, aplastaron sin miramientos con el uso de la violencia el movimiento social de protesta. Ante esa constante agresión, tomó el único camino posible: el cuestionamiento político al régimen”, expuso.
“La abyecta y tremenda embestida aceleró la maduración de un movimiento social que se legitimó desde sus primeros pasos. No sólo fueron los estudiantes de todo el País. A ellos se sumaron las autoridades escolares, los maestros, padres de familia, burócratas, obreros, campesinos, los periodistas, los artistas, los intelectuales, la diplomacia también”.
Agregó que a 50 años, no se sabe con certeza el número de víctimas fatales provocadas por las balas del Ejército.
“Sabemos que hay familias que reclaman a sus hijos y parientes, y miles fuimos detenidos arbitrariamente, torturados y sometidos a procesos penales simulados, sin acusadores, sin testigos, sin pruebas, pero también sin derecho a la defensa”, refirió.
“Fuimos sentenciados ilegalmente para ser liberados o exiliados varios años después, también de manera ilegal. Todos nuestros derechos fueron violentados”.
Condenó que el Congreso haya aprobado de facto el plan represivo del Presidente cuando el primero de septiembre de 1968, al rendir su Informe a la nación, amenazó abiertamente al movimiento.
Resaltó que en 2006 tres distintas instancias judiciales sentenciaron que en Tlatelolco se cometió un genocidio.
Agregó que hubo pruebas suficientes para ordenar la aprehensión de varios acusados, junto con Luis Echeverría.
Sin embargo, continuó, el ex Presidente después de dos años en que tuvo su casa por prisión, quedó libre bajo las reservas de ley.
“Es decir, goza de una libertad condicionada, mas no de una exoneración ni de una libertad plena”, señaló.
Como invitados estuvieron también el Rector de la UNAM, Enrique Graue, y el director del Politécnico Nacional, Mario Rodríguez.
Graue afirmó que pese a medio siglo de exigir una cifra real sobre los muertos y desaparecidos, ésta no ha llegado y, dijo, no llegará.
“Por más comisiones de la verdad y Fiscalías que se han creado, nunca nos han quedado claro, ni las razones, ni el número de muertos habidos, y muy probablemente, tales nunca los sepamos con certeza y precisión”, comentó en tribuna.
Las ocupaciones militares en la UNAM, relató, fueron la respuesta de las autoridades contra el temor a conspiraciones internacionales o la búsqueda de poder de otros grupos diferentes al que regía al País.
“Hace 50 años nos enfrentamos los mexicanos con un aparato de Estado indiferente e incrédulo en su juventud, infundioso y autoritario”, reclamó.
“Que creía ver en las genuinas manifestaciones estudiantiles las maquinaciones de una conspiración internacional encaminadas a doblegar al régimen establecido”.
En su participación, el líder del IPN, Mario Alberto Rodríguez Casas, describió este suceso, comparado con el de otros países en la época, como el parteaguas para exigir una política mexicana sin violencia de Estado.
“Cuando en diferentes momentos de la historia, los politécnicos vimos amenazada nuestra gran casa de estudios, la respuesta fue contestataria”, expuso.
“El Estado Mexicano debe mantener un proyecto nacional, donde toda la sociedad encuentre posibilidades de un desarollo más dinámico y equitativo, sus instituciones requieren de una legitimidad social condicionada a una mayor transparencia”.