#JuevesDeMasColumnas “LA 4T Y SUS CASUALIDADES”: @JErnestoMadrid
Ernesto Madrid
En política no hay casualidades, siempre son consecuencia de hechos que pueden generar impactos negativos en los gobiernos, por eso la duda es, porque iniciar las acciones en contra de Emilio Lozoya, precisamente cuando surgen señales de deterioro en las políticas de la cuarta transformación.
De lo que no hay duda, es de que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está dando los primeros pasos serios para investigar la parte mexicana de lo que sería la mayor trama mexicana de corrupción de América Latina y que ya ha hecho caer a presidentes de otros países.
Es eso lo que precisamente hay detrás de la orden de captura del ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin y la detención en España del dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), Alfonso Ancira, ambos por acusaciones de corrupción en ese triángulo AHMSA-Odebrecht-Pemex.
Lo interesante del caso es que estamos hablando de famoso caso Odebrecht que el 16 de octubre de 2017 Raúl Cervantes, al renunciar de la PGR había declarado que ya estaba lista la investigación para proceder con los responsables, pero Alberto Elías que se encargó de la dependencia, encubrió y jamás proceso. Es decir, todo ya estaba listo para sólo actuar.
Dicho de otra forma, ¿Por qué ahora? ¿Por qué en este momento y no antes? Siendo que ya se tenía toda la investigación preparada y sólo se tenía que retomar el caso y actuar.
Vamos por partes.
Para ser puntuales el 21 de mayo sale a la luz pública la carta de renuncia del entonces director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Germán Martínez Cazares que hizo cimbrar las políticas económico-clientelares que aplica el gobierno del presidente López Obrador con los recortes en diversas dependencias y que por más que insista en negarlo, impacto al sector de salud en la atención a los derecho-habientes.
El 22 de mayo y declaran los medios “tras años de estar en la mira por su gestión al frente de Pemex y su posible relación con el caso Odebrecht, Emilio Lozoya fue inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública (SFP) por un periodo de 10 años por dar información falsa sobre su patrimonio”, es decir un día después.
A esto ya se venía sumando los enfrentamientos hacía el interior de Morena en donde la lucha por la dirigencia que tiene el ex consejero Alejandro Rojas Díaz Duran, manejado por Ricardo Monreal y la actual dirigente Yeidckol Polevnsky ha detreriorado al partido.
Rojas cuestionó la forma en la que llegó Polevnsky a la dirigencia de Morena, pues dijo, ha sido “gracias a la buena fortuna de estar cerca de nuestro fundador, (el Sr. AMLO) por situaciones fortuitas y circunstancias inesperadas, y no por haber sido una luchadora que
enfrentara al régimen político autoritario y antidemocráticos en las épocas más represivas”.
Ante esto, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena sancionó éste martes por tres años a Alejandro Rojas Díaz Durán con la suspensión de sus derechos partidarios y su inhabilitación para ser candidato por violar los estatutos de Morena.
En este escenario por supuesto se suma la renuncia, en menos de una semana, de Josefa González Blanco Ortiz Mena el sábado pasado como titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el presidente Andrés Manuel López Obrador la aceptó y de paso reiteró que en su gobierno habrá cero tolerancia al influyentismo, al amiguismo y a la corrupción, cuestión en algunas columnas como Bajo Reserva de El Universal señaló que también es consecuencia de los recortes presupuestales.
“Los despidos de personal de la dependencia federal y sus organismos descentralizados, así como las ausencias de González Blanco en las crisis que enfrentado al sector en los últimos seis meses como el arribo del sargazo las costas de Quintana Roo o el aumento de los niveles de contaminación de la Zona Metropolitana del Valle de México y otras ciudades hicieron que su gestión fuera criticada por la sociedad civil
Un documento de la Semarnat en poder de El Universal señala que en los cinco meses que González-Blanco estuvo al frente de la secretaría fueron despedidos 16 mil 630 trabajadores de las oficinas de representación de la dependencia y de sus organismos desconcentrados”.
Las liquidaciones ascienden a los 2 mil 134 millones de pesos. Del total del personal despedido, 5 mil 342 corresponden a plazas de confianza y 11 mil 288 son de base-operativo.
Esto y más provocó que la dependencia a su cargo no estuviera actuando con congruencia y son indudablemente atribuciones que vienen relacionadas con las restricciones al presupuesto que se dictan desde la Secretaría de Hacienda y que son parte de la austeridad republicana que están aplicando para operarla en las prácticas clientelares del gobierno del presidente López Obrador y en las que no estuvo de acuerdo la funcionaria.
En una semana se ha dado todo esto y junto con esto, los escándalos en las acciones en contra del caso Lozoya-Ancira que están relacionados con triángulo AHMSA-Odebrecht-Pemex, cuyo caso debió haber salido a la luz pública, desde semanas atrás, lo cual no es una casualidad en ese escenario estrepitoso para la cuarta transformación que tiene con todo, que recobrar su credibilidad.
