LA COSTUMBRE DEL PODER/ AYOTZINAPA, TRASIEGO POLÍTICO DE UNA VERDAD LEGAL INEXISTENTE #MartesDeColumnas   @OrtegaGregorio

*La ciencia jurídica es humana, pero obedece a instituciones políticas más que administrativas y legales. En los juicios la verdad se construye en los tribunales, éstos obedecen a una norma legal y tienen un perfil ideológico, aunque ahora también son presionados por el poder delincuencial, que en ciertos temas tiene la voz de las armas y el voto de su influencia económica

GREGORIO ORTEGA MOLINA. Conocer acerca de la verdad atormenta a los humanos desde el momento en que la “razón”, el espíritu les iluminó la vida. El tema es bíblico. Lo han abordado todas las disciplinas del arte y las ciencias.

Poncio Pilatos fue cauto, no ambicionó conocerla. Tomó la determinación de pedir un aguamanil y se lavó las manos. Quizá en sus indagatorias le informaron del antecedente evangélico: Yo soy la verdad y la vida. Él, el laico y militar, no quiso ir más allá, su esposa le advirtió a tiempo de que se trataba de juzgar a un hombre justo.

Nunca nadie ha probado que Jesús es el hijo de Dios, y que María es madre y virgen. La fe se maneja en otro circuito; se asume o no, con el señalamiento de que es una Gracia.

La ciencia jurídica es humana, pero obedece a instituciones políticas más que administrativas y legales. En los juicios la verdad se construye en los tribunales, éstos obedecen a una norma legal y tienen un perfil ideológico, aunque ahora también son presionados por el poder delincuencial, que en ciertos temas tiene la voz de las armas y el voto de su influencia económica. Al no atenderlos se puede morir en las calles y peor, en el hogar, como ocurrió en Colima al juez federal Uriel Villegas Ortiz, justo antes de que María del Socorro Castillo Sánchez, jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Penal Federal de Almoloya de Juárez, ubicado en el Estado de México, tomara la decisión de liberar al Mochomo, aunque más tarde fue detenido otra vez. El miedo es más cabrón que la corrupción.

AMLO, en su mañanera del dos de julio argumenta tener pruebas de corrupción, pero no denuncia formalmente, porque sabe bien el riesgo corrido por los administradores de justicia ante la presión de ese poder fáctico en que se han convertido ciertos delincuentes.

En medio de todo este desaguisado legal y la negación política de la verdad histórica de Jesús Murillo Karam, con el propósito de anunciar que, para resolver el caso de los 43 despojos de Ayotzinapa, Alejandro Gertz Manero construye, a velocidad inusitada, su personal verdad histórica.

La pregunta es ineludible. ¿Tienen pruebas irrefutables y verificables para construir una narrativa jurídica, legal e histórica por razones políticas, o sólo freirán el mismo pedazo de pollo, para ver si la sociedad lo engulle? Y si insisten en que no fueron incinerados en el basurero, sino a 800 metros, en la conocida barranca de la carnicería, ¿saben ya en cuál horno crematorio dispusieron de esos 43 cadáveres? ¿Exhibirán a los verdaderos culpables, aunque hayan ayudado a este gobierno a sostenerse en el poder?

Quieren, necesitan administrar un problema de justicia transicional, pero desconocen la técnica, los argumentos y la manera de presentarlos a la sociedad. En La justicia y las atrocidades del pasado, en el texto aportado por Tatiana Rincón Covelli encontramos lo siguiente: “… el inicio de lo nuevo no podría implicar la cancelación del pasado ni tampoco hegelianamente una superación integradora (y justificadora) del mismo. ¿Cómo entender, entonces, el sentido fundacional de la justicia transicional? Tanto Teitel como De Greiff se refieren a la línea divisoria… y al nuevo orden político y moral que nace de la transición”.

El problema es que el modelo político de gobierno en México rehúye la transición, se niega a la reforma del Estado, son los mismos con idénticas mañas. Con ellos la verdad es la mentira institucionalizada, lo que implica que es inexistente una propuesta de nuevo orden político y moral.

Adenda: del último artículo de Juan Luis Cebrián para El País: “Los Gobiernos son los principales adversarios de la libertad de expresión. El señalamiento desde las tribunas del poder a empresas o periodistas concretos revela un autoritarismo frente al que es preciso resistir”.

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