LA INQUISICIÓN INSTRUCTORA: EL LADO OSCURO DE LA CÁMARA @ivonnemelgar #Domingueando mujeresmas.mx

Con el caso de Florence Cassez, gracias a los ministros Arturo Zaldívar y Olga Sánchez Cordero, aprendimos que el debido proceso debía respetarse, independientemente de los presuntos delitos cometidos.

Esa pedagogía se ha subrayado con el interés presidencial, de la FGR, de la CNDH y de los funcionarios actuales por reparar los daños cometidos en 2005 con la detención de la ciudadana francesa.

Sin embargo, la Sección Instructora que en la Cámara de Diputados encabeza el diputado Pablo Gómez Álvarez (Morena) se ha convertido en el espacio de violaciones sistemáticas al debido proceso. Una conducta que, al haber sido avalada por el pleno en el Juicio de Procedencia en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, formará parte del legado oscuro de la 64 Legislatura aún vigente.

Los excesos cometidos en ese desafuero y los que se pretenden realizar en contra del diputado Mauricio Toledo Gutiérrez (Partido del Trabajo) y el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, perfilan el saldo de un parlamento que normalizó el uso faccioso de la justicia.

No se trata de defender a quienes hayan incurrido en corrupción o incumplimiento de funciones. Porque los diputados no tienen atribuciones para determinar culpas. Su tarea es analizar si procede o no —ante la consistencia de pruebas—quitarle la inmunidad al denunciado.

Pero no debemos trivializar las violaciones del derecho a la presunción de inocencia. “Me opongo a retirar el fuero constitucional a un gobernador sin las pruebas necesarias, ni la urgencia ni la gravedad para hacerlo”, reclamó la diputada Claudia Pastor (PRI).

A 40 días de que concluya la legislatura, Gómez Álvarez, quien perdió su reelección, en vez de demostrar que Morena no es impune con los suyos, desaforando a Saúl Huerta Corona, acusado de pederastia, condiciona su desahogo a una sesión en la que también se le quite la inmunidad a Toledo y al fiscal morelense.

En un acto de valentía y responsabilidad, con el que cerrará su brillante presidencia en San Lázaro, Dulce María Sauri (PRI) pidió frenar el juicio de Carmona porque se incurriría en la violación del amparo con el que cuenta el funcionario. Esto paró y postergó la sesión de los tres desafueros.

En la Comisión Permanente, la presidenta de los diputados reveló un desaseo más de la Sección Instructora: negarse a atender esa suspensión definitiva que un juzgado de distrito le otorgó al fiscal estatal.

De concretarse esa violación, el Congreso estaría asumiendo que puede ejercer una facultad aún en litigio, quitarle la inmunidad a Carmona. Y el resto de los fiscales de la República deberán remojar sus barbas porque, con esta invasión de poderes, cualquiera quedará vulnerable ante la Inquisición Instructora de San Lázaro.

Y en el summum del uso faccioso de la justicia, el diputado Gómez quiere entregarle la cabeza del diputado Toledo —él sí reelecto— al gobierno de Claudia Sheinbaum bajo la acusación de un enriquecimiento ilícito que, en palabras del petista Gerardo Fernández Noroña, no se demuestra en el expediente de 800 cuartillas de la fiscalía de la CDMX.

Un expediente de novela: un policía de investigación vio en su celular la noticia de un portal que hablaba de una propiedad a nombre de Toledo y especuló que ahí había un delito.

Al congelamiento injustificado de cuentas de los padres del legislador, el cateo del domicilio de su hermano sin orden de por medio y la persecución que hacen en contra del exalcalde de Coyoacán patrullas capitalinas, se agrega el mugrero de la Sección Instructora: falsificación de firmas, filtración del expediente, expulsión de integrantes, conflicto de interés por parte del legislador morenista que la preside, cuando debió haberse excusado por su rivalidad política con el inculpado en esa alcadía.

Hubo más: desecharon las pruebas de las percepciones que Toledo ha tenido como funcionario público.

Toledo anunció que mostrará esas evidencias que, suponemos, dan cuenta de los ingresos que los políticos capitalinos han tenido, incluyendo a los morenistas que, como él, vienen del PRD. Será interesante conocer los montos.

Ganador de siete elecciones de voto directo, eficaz operador electoral perredista y ahora petista, el inculpado podría ser víctima de la misma saña que esa Cámara, en 2005, le quitó el fuero al ese entonces jefe de Gobierno López Obrador.

Y, ante el evidente cobijo de su bancada y de la dirigencia del PT, un injustificado desafuero de Toledo se convertiría en una cuarteadura de la alianza que ese partido tiene con el gobierno y Morena.

Rupturas previsibles en la segunda parte del sexenio.

Pero lo que no puede seguirse normalizando es la violación del debido proceso a través de una Inquisición Instructora legislativa. Eso es lo que está en juego. Porque hoy son Toledo y Carmona. Mañana puede ser cualquiera que incomode a los gobiernos en turno.

Y, sí, todos somos Florence Cassez.