LA REFORMA ELECTORAL CHAVISTA DE MORENA #Domingueando @lorenapignon_ EN @heraldodemexico
La reforma electoral que impulsa Morena rompe con esta tradición republicana, evocando el camino que Venezuela siguió para erosionar su democracia.
La historia constitucional mexicana nos enseña que las grandes transformaciones institucionales exigen diálogo, consenso y legitimidad social. Desde la reforma política de Jesús Reyes Heroles en 1977 —piedra angular de la apertura democrática— hasta la transición de 2000 y las subsecuentes, cada avance electoral significativo surgió de negociaciones entre fuerzas políticas, académicos, organizaciones civiles y ciudadanía.
La reforma electoral que impulsa Morena rompe con esta tradición republicana, evocando el camino que Venezuela siguió para erosionar su democracia. Como ha advertido nuestro dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, esta verticalidad en el diseño institucional replica el manual chavista, pero no permitiremos que México siga el camino de Venezuela, donde desmantelaron el Consejo Nacional Electoral para concentrar poder y descalificar a la oposición.
El caso de Nicolás Maduro, quien cometió fraude contra Edmundo González en las elecciones venezolanas y ahora enfrenta cargos por narcoterrorismo en una corte de Nueva York, es una advertencia clara: las reformas impuestas unilateralmente perpetúan regímenes autoritarios al eliminar contrapesos.
Morena ha acelerado esta degradación democrática capturando el Poder Judicial con la imposición de jueces electos por voto popular, socavando su independencia. Han eliminado órganos autónomos clave como el INAI y el IFT, concentrando funciones en manos ejecutivas. Esta erosión sistemática de contrapesos institucionales —sumada a la militarización de aduanas y la Guardia Nacional— pinta un patrón de centralización que debilita la división de poderes.
No basta con eso: Morena impulsa la extinción de fideicomisos públicos vitales para ciencia, cultura y desastres, desviando recursos a discrecionalidad gubernamental. Han cuestionado la autonomía del Banco de México y promovido reformas que politizan la fiscalía general. Cada paso consolida un control vertical que recuerda el chavismo, donde la pluralidad se sustituye por lealtad al líder.
Desde el PRI no nos oponemos a mejorar el sistema electoral; rechazamos destruirlo bajo el pretexto de perfeccionarlo. Moreno Cárdenas lo ha dicho con responsabilidad histórica: debilitar al INE, reducir contrapesos y concentrar control en manos gubernamentales cancela la democracia gradualmente, como en Venezuela.
Jurídicamente, la Constitución (artículos 41 y 116) exige legitimidad procedimental y sustantiva para reformas electorales. No es patrimonio de mayorías coyunturales, sino pacto fundacional que demanda prudencia y respeto a minorías. Prescindir del diálogo interpartidario, academia y sociedad civil no moderniza: es regresión autoritaria.
Como diputada federal veracruzana priista, evoco con orgullo a Jesús Reyes Heroles, el ilustre veracruzano cuya reforma de 1977 sembró la pluralidad democrática en el Congreso. De esa semilla brotó la alternancia de 2000, abriendo México al cambio pacífico. Veracruz sabe que el estadismo veracruzano —consenso sobre imposición— es antídoto contra la polarización. Esa tradición brilla por ausencia en la propuesta morenista; urge defender instituciones plurales, no estructuras para el gobernante de turno.
Afirmo: nunca rehusamos dialogar para perfeccionar el sistema. Rechazamos la imposición vertical. El PRI construyó árbitros autónomos cuando cedió control unilateral; Morena ignora esa lección y pretende desmantelar décadas de construcción en esta legislatura.
La exclusión de expertos en derecho electoral, observadores civiles y partidos opositores no es déficit: es estrategia. Una reforma monopartidista carece de robustez técnica y legitimidad.
México merece una reforma surgida desde la pluralidad, el debate riguroso e inclusión técnica; no una imposición ni descalificación. El caso Maduro prueba que las democracias se erosionan reforma a reforma, hasta volverse irreconocibles. Nos obliga a defender el INE, exigir consensos y resistir la captura institucional.
POR LORENA PIÑÓN RIVERA
DIPUTADA FEDERAL
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