LAS PERSONAS AFECTADAS POR LAS TORMENTAS EN EL SURESTE NECESITAN MÁS AYUDA Y PROTECCIÓN

NACIONAL

 

CDMX, 11 de junio de 2020-. Más de medio millón de personas en Campeche, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo están viviendo una situación muy precaria después del paso de las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal.

 

Desde la noche del 31 de mayo y hasta el pasado 6 de junio, las lluvias y el viento de las tormentas causaron inundaciones, deslizamientos de tierra, daños en aproximadamente 6 mil viviendas y pérdida de posesiones personales, así como afectaciones en carreteras, cerrando el acceso a decenas de comunidades.

 

“Actualmente las comunidades indígenas somos los que estamos expuestos y más vulnerables a estas afectaciones, por la violación a los derechos de los pueblos indigenas”, expresa Leydy Pech del la organización Muuch Kambal, A.C.

 

Los pueblos indígenas que viven estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Yucatán por cientos de años han desarrollado diferentes prácticas que promueven una relación de respeto con la tierra y los recursos de esta, además forman parte de su identidad e historia, no obstante, hoy en día se encuentran seriamente afectados.

 

“La lluvia que trajo la tormenta Cristóbal no es el problema, el agua siempre es buena y estos sucesos ocurren cada determinado tiempo, sin embargo, las grandes modificaciones producidas por la industrialización del territorio y el cambio climático nos dan como resultado el incremento del daño provocado en nuestras comunidades mayas. Las comunidades rurales; los niños y niñas de pueblos indígenas son quienes más sufren como resultado de las inundaciones que todo ello provoca”, expresan representantes de Ka Kuxtal Much´Meyaj A.C.

Los impactos apenas se están contabilizando, pero el estado en el que se encuentran muchas de las comunidades crea altos riesgos de problemas de salud, incluyendo:

·         enfermedades transmitidas  por mosquitos,  en  especial  por tener la  región un incremento en el caso de dengue en este momento.

·         padecimientos gastrointestinales o dermatológicos.

·         el aumento de infecciones por COVID-19.

 

Las previsiones económicas son también muy graves, pues:

·         Más de 80% de los cultivos en la región se han perdido totalmente, tanto para consumo de las propias familias, como para su comercialización.

·         La apicultura, actividad productiva que en la zona representa el ingreso principal para más de 18 mil familias, ha sufrido perdidas en sus activos que afectarán la producción anual en la región en aproximadamente 120 millones de pesos.

 

Lo anterior, provocará un aumento de la inseguridad alimentaria de la zona.

 

¿Qué hacer?
La situacion requiere una respuesta inmediata y muy amplia. Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) llaman a los diferentes sectores de la sociedad, así como a los tres niveles de gobierno a garantizar el fortalecimiento de las medidas de apoyo y protección inmediata y duradera a toda la población.

 

En respuesta a la crisis, un grupo de OSC, en coordinación con organizaciones comunitarias y autoridades locales, hacen recorridos en todas las comunidades de la región para conocer las necesidades de los hogares. Y han entregado insumos alimenticios a más de 15 mil familias.

 

“Es fundamental incrementar los esfuerzos para cubrir las necesidades básicas inmediatas y, en un segundo momento, con la participación de las comunidades, en el pleno ejercicio de sus derechos, desarrollar estrategias integrales de recuperación de los medios de vida que garantizen el ingreso económico de las familias, asi como se fortalecer los sistemas de salud comunitarios, para reducir las secuelas negativas de la población impactada por las tormentas”, menciona Maripina Menéndez, CEO de Save the Children México, integrante de las OSC que suscriben este llamado.

 

En este sentido el conjunto de organizaciones hacen un llamado para:

 

–          Que de manera coordinada con representantes de la población indígena en la zona, las entidades públicas responsables de la respuesta, garanticen la atención inmediata de las necesidades básicas de la población, fortaleciendo la inversión, en términos de alimentación y salud.

–          Que la iniciativa privada, fundaciones empresariales y la población mexicana e internacional se una para apoyar con alimentos e insumos de higiene a por lo menos 80 mil familias durante los siguientes dos meses.

–          Que en las siguientes semanas, el Estado Mexicano presente un plan para la recuperación integral de la zona, y garantice la apertura de un diálogo con la sociedad civil, para lo que las organizaciones firmantes establecen su compromiso para participar en el mismo.

 

Asimismo, previendo las posibles afectaciones de futuros fenómenos meteorológicos, que han sido pronosticados por la Comisión Nacional del Agua para el 2020 (37 ciclones), es necesario que el Estado cuente con recursos materiales y humanos suficientes para la prevención y la remediación inmediata ante futuros estragos.