LEY DE AUSTERIDAD TERMINARÁ CON DERROCHE DE RECURSOS PÚBLICOS: RAMÍREZ CUÉLLAR
PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO, CDMX.- El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar defendió el dictamen de la Ley de Austeridad Republicana que impulsan aprobar esta semana y que reglamenta, entre cosas, prohibir la compra de autos de lujo, creación de plazas sin sustento, establecer la adquisición de bienes y servicios que, por regla general, se hará mediante licitaciones públicas.
Advirtió que un sinnúmero de ocasiones se ha escuchado de funcionarios públicos acusados de enriquecimiento ilícito y de malos manejos de dinero público; remodelaciones, equipamiento innecesario y/o compras de materiales e insumos con sobreprecios.
“Esto ya se terminó, el gobierno de la Cuarta Transformación tiene el serio compromiso de acabar con el derroche de recursos, el tráfico de influencias y la discrecionalidad de administraciones pasadas”, sentenció.
Resaltó que el dictamen promueve un uso más eficiente, racional y transparente de fideicomisos, mandatos o contratos análogos, a fin de evitar que sean utilizados para ocultar fondos públicos y evadir la legalidad.
El legislador de Morena dijo que se quiere un gobierno sobrio, eficaz y responsable en el ejercicio de sus funciones, es indispensable contar con una Ley de Austeridad que rija su actuar.
Explicó que el Proyecto de Ley de Austeridad Republicana de Estado faculta a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Púbica, para emitir los lineamientos necesarios para el establecimiento de medidas de austeridad en temas específicos como la compra de vehículos, sistemas de cómputo y servicios generales.
Ramírez Cuéllar adelantó que será sancionado el incumplimiento de la misma, en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Dicho proyecto, enfatizó, garantiza el respeto de los derechos de los trabajadores establecidos en la ley y en las condiciones generales de trabajo, e informó que el dictamen reafirma que no habrá pensiones para expresidentes adicionales a la otorgada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Estipula que la contratación de personal de honorarios y de asesores deberá estar debidamente justificada y documentada para impedir la creación de plazas sin sustento. Prohíbe la compra de vehículos de lujo y los automotores oficiales sólo podrán destinarse a funciones públicas; el gasto en viáticos y viajes se reduce y se regula, de igual manera, se hace eficiente el gasto en comunicación social.
