LIBERTAD DE PRENSA BAJO RIESGO / Mauricio Farah @mfarahg
Mentes críticas para tiempos críticos. Este es el lema que eligió la ONU para conmemorar el Día Mundial de la Libertad de Prensa.
La crítica es un derecho y, a la vez, una medida de la fortaleza de un régimen democrático. La crítica pone en tela de juicio hechos y palabras, alienta el derecho a dudar, contribuye a que el poder se mesure, rectifique o explique. La crítica es una expresión de libertad que genera debate, análisis, equilibrio, y que hace posible la vigencia del derecho a saber y, por lo tanto, del derecho a decidir.
A ello se debe que los regímenes totalitarios o con tendencias absolutistas prohíban la libre circulación de noticias o el ejercicio de la crítica, empeñados en imponer sólo el coro obediente a sus designios, ya sea en Somalia o en Eritrea, en Venezuela o en Corea del Norte. Sorprendentemente, ahora Estados Unidos también se apunta, en tanto que su presidente fustiga a la prensa con el tradicional discurso despótico, que descalifica abiertamente a los medios y veladamente los amenaza.
En México la libertad de prensa atraviesa por una de sus etapas más adversas, particularmente en las entidades federativas, donde políticos locales resuelven sus diferencias con los medios a través de amenazas o agresiones, en tanto que diversas organizaciones criminales controlan a la prensa o toman venganza contra periodistas que les resultan incómodos porque divulgan hechos, nombres o propósitos que la delincuencia quiere mantener ocultos.
Así, desde 2010 a la fecha han sido asesinados más de 100 periodistas, la mayoría de ellos en Veracruz (22), Chihuahua (13), Tamaulipas (13), Oaxaca (12) y Guerrero (10), de acuerdo con datos de la organización Artículo 19.
Estos cinco estados concentran 70 por ciento de los homicidios, en tanto que Veracruz y Tamaulipas registran casi el 50 por ciento de los 23 casos de desaparición de periodistas.
Tan grave como las agresiones es la impunidad, pues sólo un ínfimo número de casos concluyen en sentencia, en tanto que el resto se quedan suspendidos en procesos que se alargan al infinito.
Si la amenaza o el crimen consumado permanecen en la impunidad, lo que sigue son más más amenazas y más crímenes, pues cada agresión, homicidio o desaparición no castigada es un aliento al siguiente acto de intimidación o represión.
En promedio, se ha cometido un homicidio contra periodistas cada dos meses en los últimos 17 años. Con retraso ya, pero es tiempo de poner freno a la solución violenta con la que actores políticos o miembros de la delincuencia organizada pretenden hacer callar a los medios.
La circulación de hechos y opiniones dota a la población de un conocimiento irremplazable. Sólo con informaciones y opiniones libres y plurales, una sociedad puede tomar mejores determinaciones, comprender su entorno y ratificar o rectificar su rumbo.
Sin información, la sociedad toma decisiones a ciegas o se resigna a no participar en ellas; sin información, la sociedad carece de libertad para reclamar o elegir.
Por ello, agredir a periodistas y obstaculizar el ir y venir de noticias, críticas y perspectivas, es atentar contra la libertad de prensa y contra el derecho a saber.
Por los periodistas privados de la vida, por los amenazados, los desplazados, los desaparecidos, por sus familias, por sus empresas de comunicación, por la sociedad entera y por la salud del régimen democrático, la prevención de agresiones, la procuración y la administración de justicia deben operar con eficacia.
Por la libertad de prensa y por las muchas libertades que se derivan de ella, debemos poner un alto a la barbarie de los delitos en contra de medios y periodistas mediante la prevención que salva vidas y libertades y mediante la sanción que castiga a culpables e inhibe la repetición del delito.
Estas y otras razones hacen indispensable que nuestras instituciones asuman la responsabilidad de garantizar la libertad de prensa.
Especialista en derechos humanos y secretario general de la Cámara de Diputados.
