LÍNEA 12: FALLAS, OMISIONES Y TRAGEDIA #Domingueando @ivonnemelgar EN @Excelsior
La desgracia marca a las administraciones capitalinas del PRD y de Morena involucradas en la Línea 12 del Metro, a cargo de una izquierda gobernante que hasta ahora no logró construir un modelo transparente en la gestión de la obra pública.
La deuda viene desde el resguardo de los informes de los Segundos Pisos hace 15 años, pasando por el enfrentamiento entre Marcelo Ebrard y Miguel Ángel Mancera por el diagnóstico de daños estructurales y de diseño en torno a la L12, hasta llegar a la trabe desplomada este 3 de mayo.
Dicen que será el peritaje noruego el que establezca la edad de las fallas que llevaron al colapso. Pero el deslinde de responsabilidades resulta nebuloso para una clase política que sólo cambió de logo —del PRD a Morena—.
Porque, a diferencia de la retórica que aplica a nivel federal de los neoliberales de ayer versus los transformadores de hoy, para el caso de la Ciudad de México hay continuidad. Claudia Sheinbaum fue compañera de Ebrard y de Mancera cuando López Obrador fue jefe del Distrito Federal.
En su momento, Mancera fue, como procurador, junto con el secretario de Finanzas, Mario Delgado Carrillo, colaborador estrella de Ebrard en su administración capitalina.
Y Alfonso Suárez del Real, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, es también un experto en el Metro, ya que trabajó con su director, Joel Ortega Cuevas, como director de Administración de Personal y en la Subdirección de Finanzas.
Así que, además de la versión que le dará el canciller Ebrard sobre la obra, en un proceso que decantará la puja entre ambos hacia la Presidencia para 2024, la jefa Sheinbaum cuenta con el conocimiento que su segundo de abordo tiene del expediente L12.
Y es que Suárez del Real fue integrante de ese equipo que, durante el gobierno de Mancera, determinó cerrar en 2014 un tramo de esa línea ante la advertencia de un peritaje belga de que reparar el desgaste ondulatorio implicaba riesgos de descarrilamiento mientras siguiera funcionando el servicio.
Como responsable de las finanzas del Metro, el actual secretario de Gobierno también sabe que hubo un litigio de tres años por la demanda que interpuso el consorcio ICA-Carso-Alstom por más de 6 mil millones de pesos, alegando obra entregada no pagada. El gobierno de Mancera reviró que aquélla tenía componentes no realizados y malas ejecuciones. Y, al final, el pago quedó en 2 mil millones de pesos, con un reembolso de 4 mil millones de pesos al erario.
Son detalles de un expediente que creíamos solventado y que, con la tragedia entre las estaciones Olivos y Tezonco, toman vigencia: la incompatibilidad de los rieles con los carros que serían chinos y fueron españoles; la separación de más de 10 centímetros entre andén y tren; el desgaste ondulatorio que eso generara y que haría viable la línea, siempre y cuando se le diera mantenimiento permanente.
Con 26 muertes y 78 heridos, se activan igualmente los detalles de la reapertura del servicio, bajo la conclusión de que el mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo de la L12 costaría tanto como el de las otras 11 líneas juntas, porque debe atenderse el desgaste que produce la torción en las famosas curvas 11 y 12 en vías, durmientes y balastros. “Es como un paciente que usa marcapasos de por vida”, comparó un exfuncionario.
La revisión técnica de las decisiones políticas incluye al gobierno del ahora senador Mancera (PRD) y la dirección en el Metro del actual diputado Jorge Gaviño (PRD) después del sismo de 2017: la reestructuración de la trabe entre las citadas curvas 11 y 12 y el escaneo con rayos X de las 266 columnas, reparando las fallas estructurales en la 69, a cargo del consorcio constructor.
¿Fue suficiente aquella auscultación sobre los daños telúricos a la obra?
La actual directora del Metro, Florencia Serranía, se echó la soga al cuello al declarar que sus revisiones en 2019 y por el temblor de 2020 no le reportaron riesgo alguno.
Como dicen los expertos, “las estructuras siempre avisan” a través de una cuarteadura, varillas oxidadas, acero que se pandea, piedritas que caen…
Cabe, sin embargo, la duda de que el austericidio hizo de las suyas en un mantenimiento deficitario —como el presupuesto a la baja que la jefa Sheinbaum decidió— y cuyas bitácoras serán determinantes para el pago de seguros y el esclarecimiento de la tragedia.
Y, sin embargo, ante un hecho que reclama la reparación integral de daños por las 104 víctimas y que el Estado debe de pagar, los gobiernos federal y local y sus mayorías legislativas —Morena y aliados— están evitando la rendición de cuentas de sus funcionarios, defendiendo un silencio que podría convertirse en prólogo de una historia más de impunidad.
Porque el derrumbe está hecho de fallas técnicas que existieron y persistirán, y de omisiones que fueron y siguen siendo políticas.
