MARCO JURÍDICO SE AJUSTA A LA REALIDAD DEL PAÍS, PARA LOGRAR AVANCES EN SEGURIDAD
MÉXICO.- Esta mañana durante la conferencia de prensa matutina encabezada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, detalló la aprobación de reformas a la Constitución en estos primeros 100 días de gestión, gracias a esto se ha ajustado el marco jurídico a la realidad y las circunstancias de seguridad del país.
La encargada de la política interna del país especificó que las reformas a la Constitución, aprobadas en esta centena de días de gobierno y planteadas desde el Plan Nacional de Paz y Seguridad son la creación de la Guardia Nacional, la extinción de dominio y la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
Señaló que, el objetivo apunta a lograr la seguridad y bienestar de todas y todos los ciudadanos. Explicó que en materia de Guardia Nacional, la reforma constitucional modificó los artículos 10, 16, 21, 31, 35, 36, 73, 76, 78 y 89 de la Carta Magna.
La finalidad fue reformular el concepto constitucional de Guardia Nacional, que será la responsable de las tareas de seguridad pública en el país; absorbe a las policías Federal, Militar y Naval, añadió.
La Secretaria Olga Sánchez Cordero aseguró que fue un ejercicio republicano, “y lo comparto, yo no tengo memoria de un ejercicio similar para la aprobación de una reforma constitucional”. Resaltó que fue aprobada por 127 senadores, por 500 diputados y en la totalidad de los Congresos locales.
Informó que tras la aprobación en las 32 entidades federativas y después de que se aprobó en el último, que fue el estado de Yucatán, se hará la correspondiente declaratoria de reforma constitucional.
Dijo que en materia de extinción de dominio se modificaron los artículos 22 y 73 de la Constitución, en virtud de que se amplió el catálogo de delitos sujetos a extinción de dominio y hoy se contemplan hechos de corrupción, encubrimiento, extorsión, robo de vehículos y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, así como delitos cometidos por servidores públicos.
El objetivo es optimizar los procedimientos judiciales y administrativos en la materia, crear un instituto para la administración de los bienes obtenidos por este proceso, así como la creación de una ley nacional de extinción de dominio, la cual deberá prever que el destino de dichos bienes deberá ser primero a la reparación del daño a las víctimas; segundo, a implementar programas de bienestar y tercero, para financiar programas de seguridad.
Añadió que en este momento la reforma ya ha sido avalada por suficientes congresos estatales para hacer la declaratoria correspondiente.
La tercera reforma constitucional, destacó la Secretaria de Gobernación, es la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
Se modificó el artículo 19 para ampliar la lista de delitos en los que todo juez deberá ordenar la prisión preventiva. Estos delitos -subrayó- son hechos de corrupción, robo de hidrocarburos, delitos electorales, y otros como el abuso sexual contra menores, el feminicidio, la desaparición forzada, el robo a casa habitación, el robo a transporte de carga y la portación de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército. “Estos últimos -aclaró- fueron añadidos por el Congreso federal y por el Constituyente permanente porque ya ha sido aprobado por más de 17 entidades federativas”.
Indicó que ahora se tiene la obligación constitucional de expedir las leyes secundarias que mandata la Carta Magna.
Éstas son nuevas leyes nacionales, de la propia Guardia, de uso de la fuerza, de registro de detenciones y también las reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. “Por supuesto -precisó- habrá otras leyes que deberán revisarse para contar con una coherencia y armonización legislativa correspondiente”.
Asimismo, la Ley Nacional de Extinción y reformas a la Ley Federal para la Administración y Enajenación de bienes del sector público. Para la tercera reforma constitucional se habrá de reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales.
