#MartesDeColumnas “INSABI: EL DERECHO POLÍTICO A SOÑAR” @ivonnemelgar EN @Excelsior
Al anunciar, en enero del año pasado, la creación de un sistema de salud como el que tienen Canadá y Dinamarca, el Presidente echó a rodar el sueño de universalizar el acceso a los servicios médicos de manera gratuita
La improvisación y el desorden con el que ha iniciado el uso del membrete llamado Instituto de Salud del Bienestar (Insabi) nos obligan a preguntar hasta dónde resulta lícito el derecho de los gobernantes a soñar.
El cuestionamiento en sí mismo podría descalificarse con la etiqueta de conservador y reaccionario, bajo el argumento de que, precisamente, de eso se trata la llamada Cuarta Transformación: de darle cauce a las aspiraciones de justicia de una sociedad desigual y en la que los marginados han carecido de voz y de representación.
Porque, efectivamente, la fuerza política y el liderazgo social del presidente Andrés Manuel López Obrador se alimentan de la expectativa de cambio que él generó y sigue generando entre millones de mexicanos.
Esta especie de fe en la posibilidad de cambios, por el mero hecho de pronunciarlos, está documentada en encuestas altamente positivas sobre lo mucho que habría logrado el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en tan sólo 14 meses, en el combate a la corrupción.
Si bien ese éxito gubernamental en la percepción del lastre corruptor no tiene réplica en el tema de la inseguridad y la violencia criminal, donde la situación incluso ha empeorado, el presidente López Obrador sí consiguió, hasta ahora, convencer a la mayoría de que las dificultades para superar esos problemas son atribuibles todavía al “cochinero” que le dejaron sus antecesores.
Tampoco en la valoración ciudadana de la economía –con crecimiento a nivel casi de cero– hay pesimismo, si nos atenemos a los números de aprobación que en ese plano reportan las encuestas.
Es en este contexto de percepciones halagüeñas para el gobierno que asistimos al arranque oficial del Insabi, un proyecto que, si nos atenemos a las palabras presidenciales, podría considerarse como el más ambicioso del sexenio.
Y es que al anunciar, el 2 de enero de hace un año, la creación de un sistema de salud como el que tienen Canadá, Reino Unido y Dinamarca, el Presidente echó a rodar el sueño de universalizar el acceso a los servicios médicos y hospitalarios de manera gratuita.
Pero después de esa promesa sólo hubo satanización para justificar el entierro del Seguro Popular, un mecanismo financiero que se creó por ley en 2003 y que durante tres sexenios fue afiliando, paulatinamente, a cerca de 20 millones de mexicanos ajenos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), hasta establecerse como un sólido fondo para enfermedades catastróficas, como el cáncer en niños y mujeres y el VIH-SIDA.
La destrucción de ese mecanismo, diseñado por una de las mentes más lúcidas en la materia, Julio Frenk, se justificó con los actos de corrupción que, de manera descarada, cometieron una decena de gobernadores como Andrés Granier, Javier Duarte y Fausto Vallejo.
Y, en vez de resolver institucionalmente la falta de fiscalización de los recursos públicos que ejercen los estados, el presidente López Obrador optó por una reforma legislativa que, según el papel, centralizaría en el Insabi la operación de los servicios.
El proceso parlamentario que dio paso a la creación del Instituto mostró a un Congreso incapaz de detener desde la oposición la monumental mentira de que todos los mexicanos tendrán acceso a la salud, un sueño que requeriría triplicar el actual gasto en la materia que es del 2.5 por ciento del Producto Interno Bruto.
Un proceso en el que los legisladores de Morena se limitaron a cumplir el deseo presidencial, saltándose la Ley de Responsabilidad Hacendaria que obligaba al Congreso a un estudio del impacto presupuestal para la viabilidad del Insabi, el cual tendrá los mismos 40 mil millones de pesos que operó en 2019 el fallecido Seguro Popular.
Sin reglas de operación, con voluntarismo y mucha retórica, el Presidente, su secretario de Salud, Jorge Alcocer, y su paisano Juan Ferrer, titular del Insabi, niegan los testimonios de médicos y pacientes, que esta semana hemos conocido, del caos, cobros, incertidumbre e improvisación. Frente a los reclamos, el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene la oportunidad de movilizar todos los recursos a su alcance para concretar la promesa, hecho que obligaría al gobierno a retomar el mecanismo del Seguro Popular, a realizar las tareas que saltaron en el proceso y, finalmente, a rectificar.
Pero también cabe la posibilidad de que el presidente Andrés Manuel atempere y supere el caos del Insabi con la fuerza de la retórica a favor del deseo que algún día habrá de cumplirse.
De ser así, estaríamos a las puertas del derecho político a soñar, ejercido en comunión por un gobernante y sus gobernados.
