¿NO TE PREOCUPES, ENRIQUE? #Sabadeando @ivonnemelgar EN @Excelsior
Ni el Presidente ni sus operadores han hecho algo concreto para investigar a fondo los posibles sobornos que, supuestamente, protagonizó Lozoya Austin para el peñismo
Nadie puede pronosticar, sin riesgo a equivocarse, qué alcances tendrá la detención, en España, del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin.
Especulan quienes auguran que ha llegado la hora de que el expresidente Enrique Peña Nieto rinda cuentas.
Especulamos también aquellos que percibimos un pacto de impunidad en los señalamientos presidenciales centrados en contra de Carlos Salinas y Felipe Calderón.
Porque, más allá de los vericuetos que deberán sortearse para concretar la extradición de Lozoya Austin –funcionario clave del sexenio de Peña Nieto–, hoy por hoy la suerte de los escándalos de corrupción depende de lo que decida el Ejecutivo Federal.
Así lo confirman los sucesos de esta semana: López Obrador es quien marca la agenda de los poderes Judicial y Legislativo, así como el quehacer del fiscal Alejandro Gertz Manero, cuya autonomía es tan flexible y relativa como las declaraciones presidenciales que sobre él se han hecho en las conferencias mañaneras.
Apenas el 29 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador se deslindó del borrador de una reforma penal regresiva adjudicada a la Fiscalía General de la República.
Pero el 10 de febrero, la presencia de un elogiado Gertz Manero en Palacio Nacional disipó las versiones de que pronto dejaría el cargo por su distanciamiento con el presidente López Obrador. Y puso en escena el rol expedito que el fiscal juega –si para ello es requerido– en la comunicación presidencial, cuando le entregó el cheque de 2 mil millones de pesos para pagar el sorteo en que derivó la abortada rifa del avión presidencial.
El día 12, en otro hecho inédito y de evidente supremacía presidencial, el ministro Arturo Zaldívar acudió a la mañanera para firmar el acuerdo de la reforma al Poder Judicial que procesará el Senado.
Fue un miércoles de acumulados actos de poder para el gobierno de López Obrador, pues la detención de Lozoya Austin se convirtió en una amenaza latente para exfuncionarios, políticos, abogados, empresarios y juzgadores cercanos al personaje y para quienes fueron partícipes o beneficiarios de los presuntos delitos de los que se le acusa: lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho.
Esa amenaza latente incluye a los que operaron de la demonizada reforma energética, a sus inversionistas y cabilderos, ligados al Partido Revolucionario Institucional (PRI). Pero al Partido Acción Nacional (PAN) también.
Y para coronar ese miércoles de avasallante poder presidencial, Palacio Nacional reunió a un centenar de empresarios, invitados a comprar parte de los 6 millones de boletos para la rifa de dinero que la Lotería Nacional sorteará el 15 de septiembre.
El pase de charola ascendió a mil 500 millones de pesos, según las cantidades comprometidas en las cartas que se les hizo llenar a los convidados a los tamales de chipilín.
La manifiesta gratitud presidencial a los empresarios por adherirse al fondeo de la promesa de que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) dará cobertura universal gratuita al finalizar 2020, desplazó la relevancia que la detención de Lozoya Austin tiene para conocer cuáles fueron los negocios de la versión mexicana de Odebrecht, capítulo impune, junto con el de Venezuela, en ese escándalo de corrupción global.
Sin embargo, López Obrador no ha puesto todavía el acento en ese hoyo negro del posible financiamiento privado en las campañas electorales del sexenio anterior.
Ni el Presidente ni sus operadores han hecho algo concreto para investigar a fondo los posibles sobornos que, supuestamente, protagonizó Lozoya Austin para el peñismo.
Tanto López Obrador como sus representantes políticos y legislativos han concentrado sus tiros mediáticos en contra del Instituto Nacional Electoral, su titular Lorenzo Córdova, y el consejero Ciro Murayama, cuestionando sus remuneraciones e imparcialidad.
De manera que, a juzgar por la realidad observada, por el momento –porque las definiciones presidenciales no están escritas en piedra– la lupa de la Cuarta Transformación no está puesta en la maraña de intereses privados y políticos del Pemex que administró Lozoya Austin.
En voz baja, quienes pertenecieron a ese sexenio no temen, todavía, por la suerte del expresidente. Confían, incluso, en el silencio del detenido, aun cuando su abogado Javier Coello Trejo amagó con delatar a quienes le dieron órdenes.
El optimismo de los peñistas fue abonado por López Obrador este jueves, al reiterar que él está en contra de juzgar a sus antecesores porque eso “no le convendría al país”.
Especulaciones aparte, lo único que el avasallamiento presidencial de esta semana ha dejado claro es que la mera expectativa de hacer hablar a Lozoya Austin ablandará a los priistas en el Congreso, restándole peso a la diluida oposición.
