ONU ACUSA A GOBIERNO DE VENEZUELA DE CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD EN NUEVO INFORME
Un informe de la ONU documenta que, entre septiembre de 2023 y agosto de 2024, fuerzas de seguridad venezolanas y grupos civiles progubernamentales estuvieron implicados en graves violaciones de derechos humanos, incluidos asesinatos, desapariciones forzadas, tortura y violencia sexual.
Las acusaciones están dirigidas contra cuerpos como el SEBIN (inteligencia civil), la DGCIM (inteligencia militar), la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional, según el informe de 158 páginas elaborado por la Misión Internacional Independiente de la ONU.
El informe destaca que estas fuerzas de seguridad participan de manera activa en la represión, con detenciones arbitrarias, el uso excesivo de la fuerza en protestas y tratos crueles. Este patrón de violaciones se agudizó durante el proceso electoral, al afectar tanto a líderes opositores como a ciudadanos que expresaron desacuerdo con el gobierno o con los resultados de las elecciones presidenciales.
Un punto importante del documento es que “las declaraciones de las máximas autoridades del Estado, sobre todo después del 28 de julio, incitaron a la represión y contribuyeron a generar un clima de hostilidad y violencia”, lo que exacerbó la represión en las calles y aumentó la vulnerabilidad de la población civil.
En cuanto a las instituciones, se señala que el Consejo Nacional Electoral “incumplió las medidas básicas de transparencia e integridad” durante el proceso electoral. Además, la Asamblea Nacional aprobó leyes restrictivas que afectarán los derechos humanos y limitarán el espacio cívico. El sistema de justicia, a su vez, es criticado por su falta de independencia y por operar al servicio del régimen.
El perfil de las víctimas de la represión también ha cambiado. A diferencia de informes anteriores, este documento muestra que los abusos ya no solo se dirigieron contra líderes opositores y sociales, sino también contra “ciudadanos comunes, simplemente por demostrar su desacuerdo con el Gobierno o con los resultados de las elecciones presidenciales”.
La Misión de la ONU, presidida por la jurista portuguesa Marta Valiñas y acompañada por Francisco Cox y Patricia Tappatá, señala que, en los meses previos a las elecciones, al menos 48 personas fueron detenidas en la operación Brazalete Blanco, por presunta conspiración. Durante la campaña electoral, otras 121 personas fueron arrestadas por colaborar con la oposición.
El informe finaliza al afirmar que, tras los resultados electorales, el gobierno venezolano lanzó una campaña de “detenciones masivas e indiscriminadas sin precedente”, con miles de detenidos. La magnitud de estas detenciones solo es comparable a las protestas de 2014, 2017 y 2019, cuando la represión alcanzó niveles similares.
