PGR SE DISCULPARÁ PÚBLICAMENTE CON INDÍGENAS OTOMÍES JACINTA, ALBERTA Y TERESA
CIUDAD DE MEXICO .- En cumplimiento a las sentencias emitidas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Procuraduría General de la República (PGR) llevará a cabo el acto de reconocimiento de inocencia y disculpa pública para las tres mujeres indígenas ñähñú, Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio.
El acto será presidido por el titular de la PGR, Raúl Cervantes Andrade, y contará con la participación de las víctimas, y de Mario Patrón Sánchez, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en su carácter de representante legal.
El reconocimiento se realizará el próximo martes 21 de febrero a las 12:30 horas, en el Museo Nacional de Antropología, para reivindicar la identidad de las mujeres indígenas,
Se trata de los juicios: 6234/13-17-01-1/1237/13-PL-04; 6233/13-17-09-10/1521/13-PL-08-04 y 6235/13-17-05-11/1289/13-PL-02-04, mediante los cuales el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ordenó el acto de reconocimiento de inocencia y disculpa pública para las tres mujeres.
Cabe recordar que el 26 de marzo del 2006, agentes de la entonces Agencia Federal de Investigación (AFI), vestidos de civil ingresaron al mercado de Santiago Mexquititlán, para realizar un operativo contra productos “pirata”, durante el cual se dio un enfrentamiento entre los agentes y los vendedores, el cual concluyó con un acuerdo de indemnización por 70 mil pesos a los vendedores por el daño a sus mercancías.
El 21 de abril, tres semanas después, se llevaron a cabo los primeros desahogos de diligencias y se citó a rendir su declaración sobre los hechos al delegado interino de Santiago Mexquititlán. El 9 de mayo de ese mismo año durante las comparecencias ministeriales, seis agentes hicieron una supuesta identificación a través de fotografías de las tres mujeres otomíes como sus presuntas secuestradoras.
El 30 de junio se presentó el “pliego de consignación” suscrito por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Subdelegación de Procedimientos Penales “A”, en San Juan del Río, Querétaro, en el que se resolvió imputar el delito contra la salud en su modalidad de posesión de narcóticos a Alberta Alcántara Juan, señalada como probable responsable.
Además se determinó que se había acreditado la existencia del cuerpo de los delitos de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro y contra servidores públicos, señalando como probables responsables a Alberta Alcántara y Jacinta Francisco.
El 3 de agosto de 2006, Jacinta, vendedora de aguas frescas, nieves y paletas en el tianguis de Santiago Mexquititlán, fue detenida bajo engaños en su domicilio y trasladada a Querétaro, donde fue presentada ante los medios de comunicación junto con Alberta y Teresa.
Jacinta fue trasladada al Centro de Readaptación Social femenil de San José el Alto, Querétaro, y sentenciada el 19 de diciembre de 2008, a 21 años de prisión y al pago de una multa por 90 mil pesos.
El 9 de agosto de 2006, el juez cuarto de distrito de Querétaro, Rodolfo Pedraza Longi sentenció a Alberta y Teresa a 21 años de prisión y al pago de 91 mil pesos de multa, por el secuestro de seis elementos de la AFI.
En enero de 2009, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) tomó el caso y se hicieron diversas movilizaciones y pronunciamientos exigiendo la libertad inmediata de Jacinta y en marzo de ese año se presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
El 9 de junio de 2009 y ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Centro Prodh presentó el caso de Jacinta como “paradigmático” de la vulnerabilidad de las mujeres indígenas frente al sistema de justicia mexicano, quienes se enfrentan a una triple discriminación: por ser mujeres, indígenas y pobres.
La CNDH emitió una recomendación el 19 de julio de 20109 y el 18 de agosto 2009 la organización Amnistía Internacional declaró a Jacinta como “presa de conciencia” por lo que exigió su inmediata liberación sin condiciones.
El 3 de septiembre 2009, la PGR presentó conclusiones no acusatorias contra Jacinta, pero se negó a reparar el daño. Y el 15 de septiembre de 2009, Jacinta salió libre del penal en el que permaneció tres años.
El 25 de noviembre de 2009, en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la PGR dictó conclusiones acusatorias contra Alberta y Teresa y solicitó al juez Rodolfo Pedraza Longi una condena de 40 años de prisión.
El 15 de febrero Amnistía Internacional México declara a las dos indígenas “presas de conciencia” luego de una investigación que concluyó que “no hay ni un solo elemento probatorio que demuestre la comisión de delito”. El 22 de febrero de 2010, fueron sentenciadas por segunda ocasión, esta vez a 21 años de prisión y a pagar una multa de 91 mil pesos y 70 mil pesos más para reparar los daños causados a los secuestrados.
El 17 de marzo de 2010 se conformó en la Cámara de Senadores una comisión para investigar las violaciones de derechos humanos de Alberta y Teresa y ese día la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrae el recurso de apelación a la sentencia.
El 28 de abril de 2010 y luego de casi cuatro años de permanecer en el penal de San José El Alto, Querétaro, Alberta y Teresa fueron liberadas, esto luego de cinco ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvieran revocar la sentencia y declararlas inocentes.
